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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino
El pasado 30 de enero, el gobierno de El Salvador firmó un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”. Así lo afirmaron organizaciones antiminería, que también advierten que este acuerdo representa una señal de que la amenaza de la minería metálica se aproxima rápidamente, lo que pone en grave riesgo el agua, los ecosistemas, la salud de la población y la estabilidad ambiental del país.
Ante este escenario, la Asociación de Desarrollo Social y Económico (ADES) Santa Marta, en Cabañas, aseguró que es necesario encender las alertas y actuar de manera urgente.
“Santa Marta y las organizaciones populares proponemos a todos los sectores del país, que quieran asegurar condiciones para la continuidad de la vida, que cerremos filas frente a la minería, antes de que sea demasiado tarde. La derogación de la nefasta Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, es ahora una demanda de salvación nacional”, señalaron.
Peter Nataren, vocero de la comunidad, informó que existirían planes para una próxima reunión en la que se convocaría a presidentes alineados políticamente con Trump en el continente, con el objetivo de discutir políticas relacionadas con minería y explotación de recursos.
“Desde esta perspectiva, políticamente lo único que le convendría al gobierno de Nayib Bukele sería habilitar la posibilidad de exploración minera. Esto abriría espacio para que empresas que ya tienen representantes en el país puedan operar con el aval del gobierno de Estados Unidos”, afirmaron representantes de la comunidad.
La comunidad detalló que, según la poca información proporcionada por voceros de la empresa Agrícola San José, habría militares entrenándose en un país no identificado, quienes serían los encargados de operar la maquinaria. Se espera que esta información se confirme en los próximos días.
ADES también aseguró que, según testimonios de habitantes de zonas donde la empresa ha adquirido terrenos, ya existe maquinaria que habría ingresado al país para labores de exploración de minerales, sobre todo el torio, usado comúnmente como combustible en plantas de fusión nuclear. Según estas versiones, se estaría capacitando personal militar para operarla, posiblemente bajo la figura jurídica de asociación público-privada, lo que garantizaría protección militar a las operaciones empresariales en el territorio.
También se refirieron a la alianzas estatales y privadas, entre quienes han adquirido terrenos en zonas de interés para la explotación, como el Banco Atlántida, que también ha participado en la compra de parte del sistema de AFP en el país.
Se trataría de un consorcio de capital hondureño vinculado a grupos económicos con influencia política que, en el marco de acuerdos con Estados Unidos, podría facilitar el envío de minerales extraídos hacia ese país como parte de reservas estratégicas.
Para las comunidades, lo ocurrido recientemente en San Francisco Angulo, San Vicente, genera preocupación, tras denuncias sobre presencia policial para facilitar el ingreso de maquinaria. «Existe temor de la instalación de operativos militares o policiales permanentes para impedir protestas comunitarias», advirtió ADES.
«También genera inquietud la cercanía con proyectos vinculados a energía nuclear y posibles instalaciones en la zona, lo que abre interrogantes sobre si algunos terrenos, operados bajo la figura de relleno sanitario, podrían utilizarse para depósitos de desechos mineros», cuestionó.
También mencionaron la posible participación de empresas mexicanas que habrían operado previamente en terrenos de San Isidro. Según la comunidad, podría existir una red de intereses entre grupos empresariales hondureños, mexicanos, actores de poder local y acuerdos estratégicos con Estados Unidos, lo que facilitaría la exportación de minerales hacia ese país.
“Para las comunidades, el mayor riesgo sería el impacto social y ambiental. La minería implicaría desalojos masivos y agravaría la crisis hídrica. En zonas como San Isidro ya existen fuentes de agua con presencia de arsénico no apto para consumo. Debido a las venas subterráneas, la contaminación podría extenderse a grandes áreas del territorio nacional”, advirtieron.
También alertaron sobre la posibilidad de desplazamientos forzados, generación de refugiados y amenazas contra quienes se opongan a estos proyectos. Bajo la figura del asocio público-privado, temen una combinación de protección militar para los proyectos y beneficios económicos concentrados en élites de poder, mientras la mayor parte de los recursos saldría del país.
Este escenario también es interpretado como un tema geopolítico. Anteriormente, China había mostrado interés en estos recursos, y parte de la estrategia actual sería desplazar esa influencia. Con los acuerdos recientes, se considera que el país podría recibir beneficios económicos limitados, en comparación a los impactos ambientales, desplazamiento social y consecuencias a largo plazo para futuras generaciones, si se continúa con las pretensiones de explotación minera.
