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@GloriaCoLatino
Lilian Elizabeth Hernández, originaria de San José Las Flores, Chalatenango, está convencida que dignificar el derecho al agua es una construcción social que inicia desde las comunidades con sus autoridades locales, a fin de fomentar el enfoque de derechos comunes, el rescate de los ecosistemas, los mantos acuíferos, y blindándola mediante un marco jurídico que garantice su acceso y uso en términos equitativos.Proveniente de una repoblación tras el conflicto armado de los años ochenta, Lilian reconoció que toda esa experiencia adquirida les ha servido para generar iniciativas y fortalecerse en la defensa y dignificación de sus derechos humanos, como el acceso al agua que definen una sociedad inclusiva y democrática.
No obstante, las amenazas surgen, advirtió Hernández, como la tentativa de exploración minera de la transnacional “Martinique” que en su momento, la comunidad tuvo que enfrentar junto a su gobierno local, en defensa de sus fuentes de abastecimiento que sirven a la comunidad y pobladores de otros territorios.
“Con la exploración minera contaminarían nuestras aguas y afectaría el ecosistema de nuestro río, porque necesitan grandes cantidades de agua para sus procesos y esto secaría nuestras fuentes”, relató.
Xenia Marroquín, del Pro Vida y el Foro del Agua, señaló los desafíos que enfrenta la gestión comunitaria del agua, tras citar el caso de Tacuba (Ahuachapán) que generó la persecución y encarcelamiento de los lideres de las ADESCOS y Juntas de Agua legalmente elegidas.
“Los compañeros están viviendo aún esa situación de incertidumbre. El alcalde del partido ARENA los acusa de un acto sin fundamento y que ahorita los compañeros han salido libres, pero están padeciendo después de haber vivido esa triste realidad”, indicó.
Como Foro del Agua y Pro Vida, Marroquín reiteró el acompañamiento del cuerpo de defensores de derechos humanos en las comunidades como el caso del Puerto de La Libertad.
“Tenemos un reto y es defender el territorio y la vida digna de nuestras comunidades, por ser el entorno inmediato. Debemos unirnos en la defensa de cada riachuelo, microcuenca o nacimiento de agua que pasa por nuestra zona, si no cualquiera va a querer tomarla y hacer uso de ella, para generar necesidades creadas, como comprar agua embotellada o bolsas con agua, a una empresa privada, que está tomando los recursos naturales que son para todas y todos”, afirmó. La lucha de Tacuba y La Libertad se enmarcan además, en la defensa de los Sistemas de Agua en sus territorios, por tanto, Marroquín sugirió a las comunidades no rendirse en los esfuerzos de apoyo al colectivo de defensores ambientales y no permitir la criminalización de sus accionar. “Debemos exigir en ese sentido que cualquier violación o amenaza a un defensor del agua en nuestra comunidad o municipio debe ser denunciando ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)”, acotó. Yanira Cortez, (exprocuradora de medio ambiente) sugirió a las comunidades no descuidar las acciones encaminadas a garantizar el acceso al agua.
“El tema agua no estaba incluida antes en los catálogos de derecho de las constituciones, porque el agua existía y la carestía no era significativa; ahora El Salvador no tiene este derecho constitucionalizado (reforma artículo 69) y es necesario lograr este objetivo, porque siempre habrá un poder económico que es más grande, en los sistemas políticos”, opinó.
Las organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua definieron en su agenda de trabajo exigir a la Asamblea Legislativa la ratificación de la reforma del artículo 69, que permitirá reconocer como un derecho humano el agua y la alimentación.
