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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comunidad Santa Marta y miembros de ADES reiteraron que, al cumplirse hoy 10 meses de la detención de sus líderes comunitarios, se le han violentado sus derechos enmarcado en la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz.
“El proceso penal en su contra es una instrumentalización de la Fiscalía y el Sistema Judicial para perseguir a estos defensores ambientales que son un obstáculo para las intenciones de reactivar la minería metálica, la más contaminante de las industrias extractivas que podría acabar con el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida humana en el país”, reafirmaron.
Asimismo, evidenciaron que desde la captura de sus compañeros y líderes comunitarios ha sido evidente la “falta de pruebas”, utilizando un “testigo” que en un momento del proceso evidenció serias contradicciones con su testimonio.
Por lo que alertaron al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, a tomar nota que este proceso judicial, está en contra de las personas defensoras, por lo que pedían su intervención.
