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Saúl Méndez
Colaborador
El Juzgado de Sentencia de San Vicente suspendió nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio a favor de los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, lo que retrasa el cierre definitivo del proceso contra cinco líderes comunitarios que enfrentaron un juicio iniciado el 11 de enero de 2023 y que concluyó con su absolución el 24 de septiembre de 2025.
El referido tribunal tenía previsto entregar las “copias íntegras de la sentencia absolutoria” por los delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas este 19 de diciembre; sin embargo, a última hora anunció la suspensión bajo el argumento de que el documento “se encuentra en revisión”, denunció la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), organización a la que pertenecen los líderes ambientalistas.
“Esta es la tercera vez que el juzgado suspende la entrega del fallo que ya fue leído de manera oral el pasado 24 de septiembre. La última suspensión ocurrió el 28 de noviembre, bajo el argumento de que la entrega coincidía con una convención del Órgano Judicial realizada en esa misma fecha”, detalló la organización.
La comunidad Santa Marta y las familias de los ambientalistas denuncian que esta nueva suspensión constituye una estrategia dilatoria del Juzgado de Sentencia de San Vicente, cuyo propósito sería postergar el cierre del proceso y prolongar el sufrimiento de los imputados, sus familias, su comunidad y las organizaciones que los acompañan.
“Denunciamos ante el país y el mundo que, ante la imposibilidad de condenar a los activistas ambientales por falta de pruebas, instancias del sistema judicial salvadoreño, en contubernio con el gobierno de turno, han optado por postergar el mayor tiempo posible el cierre definitivo de este espurio proceso penal, cuyo objetivo es debilitar la resistencia comunitaria contra la explotación minera”, advirtió ADES.
La asociación señaló que no descarta presentar denuncias contra los jueces integrantes de dicho tribunal ante la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, así como ante instancias internacionales, por el delito de retardación de justicia.
“A la ciudadanía salvadoreña y a la comunidad internacional les pedimos que acompañen y respalden la denuncia de esta estrategia dilatoria”, expresaron.
Teodoro Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez, Arturo Serrano, Alejandro Laínez, Saúl Rivas, José Castañeda y Saúl Rivas fueron capturados el 11 de enero de 2023, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un crimen que habría ocurrido el 22 de agosto de 1989, en el contexto del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Posteriormente, los imputados recibieron medidas sustitutivas a la detención y, en octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, los absolvió de los cargos.
No obstante, tras una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, esta instancia dejó sin efecto la absolución en noviembre de 2024 y ordenó la repetición del juicio.
La nueva vista pública se desarrolló en julio de este año y, durante dichas audiencias, los imputados no se presentaron, al manifestar desde un inicio, mediante una carta, que “no confiaban en el proceso”.
Finalmente, el 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente emitió una resolución mixta que absolvió a los acusados.
Los jueces explicaron, en primer lugar, que no se incorporaría el delito de privación de libertad, como lo solicitó la Fiscalía, debido a que no existían elementos probatorios suficientes para emitir una sentencia por ese cargo. Y, en segundo lugar, la sentencia incluyó la absolución penal y civil, por decisión unánime, del delito de asociaciones ilícitas. El Tribunal también consideró que los elementos probatorios fueron insuficientes.
Los denunciantes también exigieron la derogación de la Ley de Minería Metálica, así como la reversión de proyectos como los de la finca El Espino, la cordillera del Bálsamo, el volcán de San Salvador, el lago de Ilopango y el lago de Coatepeque, entre otros, con el fin de “revertir el deterioro ambiental”.
Asimismo, solicitaron a diversas organizaciones internacionales su respaldo a las demandas de libertad de otros considerados presos políticos en El Salvador, entre ellos el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas; la abogada Ruth López; el abogado Enrique Anaya; dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz; el sindicalista Giovanni Aguirre, y el defensor de derechos humanos Fidel Zavala.
“Llamamos al país a cerrar filas contra la minería y a demandar la derogación inmediata de la ominosa Ley General de Minería Metálica, aprobada hace un año”, concluyó la organización.
