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El Acuerdo de Paz, desde la narrativa del gobierno, es una fecha sin trascendencia. Es más, ha tratado de tergiversar ese hecho histórico que contribuyó no solo a detener una guerra civil, sino a configurar a El Salvador en una nación hacia la democracia, esa que también se ha desdibujado no mediante la narrativa, sino a través de los hechos.
El gobierno puede, en efecto, mediante el discurso, menospreciar el acuerdo de paz, disminuir su valor político social, pero con ello no podrá borrarlo, porque la historia queda ahí, tarde o temprano aparece, porque esta no depende de caprichos, simplemente resguarda lo sucedido hasta que alguien se preocupe por conocerla. Además, quienes participaron en esa guerra civil, de los que hay miles todavía vivos, tienen el compromiso de transferir esa vivencia por la vía oral entre las nuevas generaciones. La academia también tiene la responsabilidad de evitar que la memoria histórica quede en el olvido.
Por esto tiene sentido que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) haya conmemorado el 34 aniversario de la firma de la paz en Jocoaitique, en el departamento de Morazán, una zona que vivió en carne propia los doce años de la guerra civil, y allí llegaron centenares de excombatientes con sus hijos y hasta nietos a recordar ese hecho histórico.
El Acuerdo de Paz, firmado el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, permitió, a partir de reformas constitucionales consensuadas, hechas de acuerdo con los conductos de ley, configurar un nuevo El Salvador, con un rostro democrático, basado, fundamentalmente, en garantizar los derechos políticos para todos, el respeto de los derechos humanos, y el respeto a la institucionalidad, dando valor al republicanismo, es decir, la independencia de los tres órganos del Estado.
El tema político e ideológico fue clave en el Acuerdo de Paz, porque, justamente la guerra civil inicia, además del tema de las violaciones a los derechos humanos, porque la dictadura militar, en compadrazgo con la oligarquía, le había cerrado los espacios políticos.
Y quienes se atrevieron a enfrentar política e ideológicamente al régimen, fueron perseguidos, exiliados o desaparecidos. Esto provocó que algunos sectores de la sociedad, sobre todo los de clase media y populares, dejaran de creer en las elecciones, y es así como buscaron otra vía: la vía armada que terminó en una guerra civil.
La dictadura militar controlaba todo. Los órganos del Estado estaban al servicio de los gobiernos de turno, que provenían de la casta militar.
Hoy, estamos como en aquellos tiempos de la dictadura militar: se ha desfigurado la institucionalidad, no existe división de poderes, no hay pesos ni contra pesos, todo obedece al Ejecutivo, todo el poder y el control está concentrado en Casa Presidencial, hasta los mercados otrora municipales dependen de Casa Presidencial.
Por todo lo que está pasando en estos momentos en El Salvador, es necesario que la lectura de los Acuerdo de Paz sea obligatoria releerlos y enseñarlos a las nuevas generaciones, sobre todo de aquellos que todavía creen en la democracia, en el republicanismo. Ese es el reto político inmediato.
