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La Fiscalía ordenó ayer la captura de Nicola Angelucci, ex presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por actos de corrupción en el fallido proyecto de INFOCENTROS. Éste es uno de los 150 casos de corrupción documentados por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción.
El ex funcionario de los gobiernos areneros de Francisco Flores y Antonio Saca hizo convenios con varias instituciones para proyectos que finalmente no se hicieron. Por el momento la Fiscalía le cuestiona la administración de unos 6 millones de dólares.
Angelucci también fue administrador del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE), donde se manejaron irregularmente 38.5 millones de dólares, período durante el cual incrementó 23 veces su patrimonio. En este caso está involucrada la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
También la semana pasada la Fiscalía confirmó que realiza dos investigaciones por posible evasión tributaria que involucran al magistrado de la Sala Constitucional Belarmino Jaime, una contra GCA Telecom por 2.7 millones de dólares y otra contra IP Holdings por 3.1 millones.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia acordó esta semana trasladar a una veintena de jueces denunciados en la Dirección de Investigación Judicial, para tratar de sacudirse la presión social que exige la depuración del Sistema Judicial.
Entre los removidos están Levis Italmir Orellana, el juez que favoreció hasta más no poder al ex presidente Francisco Flores, y Evelyn del Carmen Jiménez, la jueza que concedió libertad condicional al empresario Enrique Rais y al ex fiscal general Luis Martínez.
El traslado de jueces es un acción dilatoria de la Corte Plena, que busca postergar la necesaria y urgente depuración judicial: es un desacierto que la ciudadanía no debe tolerar. La población debe presionar hasta que las “clicas judiciales” sean desmanteladas por completo.
Resumiendo: la captura de Nicola Angelucci por corrupción en INFOCENTROS y las diligencias contra Belarmino Jaime por posible evasión tributaria constituyen dos aciertos de Fiscalía, que contrastan con el desacierto de la Corte de trasladar a jueces corruptos en vez de destituirlos.
A pesar de gastarse el 6% del presupuesto nacional, la Corte Suprema de Justicia sigue en deuda con el país: es la institución estatal menos transparente, incumple su obligación de dar pronta y cumplida justicia, y no depura a los jueces corruptos.
