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Redacción Nacionales
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Acción Ciudadana advirtió un grave retroceso en la transparencia de los proyectos de infraestructura pública en El Salvador. Según su más reciente monitoreo, el 80 % de la información oficiosa exigida por la LAIP no fue publicada en los portales oficiales, lo que impide conocer detalles sobre contratos, ejecución y uso de fondos provenientes de millonarios préstamos internacionales.
La organización presentó el informe “Transparencia Activa en Proyectos de Infraestructura Pública 2025” con datos de un monitoreo realizado a instituciones públicas salvadoreñas sobre el tema. El monitoreo analiza el cumplimiento legal de las instituciones en la publicación de información oficiosa, según la Ley de Acceso a la Información Pública.
Esto es importante porque muestra el nivel de transparencia en dichos proyectos, advirtiendo si las instituciones que están a cargo cumplen la LAIP publicando toda la información oficiosa, explicó AC. “La evaluación de transparencia es un mecanismo para detectar riesgos de corrupción, pues los grandes proyectos de infraestructura pública son altamente susceptibles a irregularidades y corrupción a gran escala”, destacó.
En ese sentido “la transparencia activa” es la herramienta principal de control social para mitigar estos riesgos y, con ello, se vigila el endeudamiento público y el uso eficiente de los recursos. La organización no gubernamental, señaló que, ante la tendencia del gobierno de Nayib Bukele en aprobar enormes préstamos con organismos internacionales y sin discusión legislativa, “es indispensable que la ciudadanía conozca en qué se invierten esos fondos: su fuente de financiamiento y el estado real de ejecución de las obras”.
El monitoreo incluyó 23 proyectos de obra pública, a los cuales se les dio seguimiento, pues han sido evaluados desde años anteriores. Además, se monitorearon por primera vez algunos proyectos nuevos de enorme envergadura y que son prioridades del Gobierno.
“En general, los resultados revelan un panorama crítico en transparencia activa”, señala el informe, ya que, en el seguimiento a los 23 proyectos evaluados desde años anteriores, los resultados “muestran un deterioro en los niveles de transparencia activa”, pues 14 de 23 proyectos (el 60 %) no obtuvieron ningún punto de 23 posibles según la normativa; es decir, no se encontró información publicada en los portales de transparencia.
El porcentaje en el nivel de transparencia activa de los 23 proyectos evaluados fue del 19 % y alrededor del 80 % de la información no fue publicada en los portales de transparencia. “Esto representa un retroceso respecto a 2024, cuando se verificó un 26 % de la información”.
En ningún proyecto se verificaron los 23 parámetros de información previstos en la LAIP y el puntaje más alto fue 16 puntos sobre 23. En algunos casos, documentos que estaban disponibles en 2024 como contratos ya no se encontraron en 2025 y la búsqueda de la información se tornó más engorrosa.
Según Acción Ciudadana, la causa principal de la ausencia de información en esos proyectos es que se encuentran bajo reserva, generalmente por 7 años. El informe identifica un patrón persistente de clasificación de información como reservada, impidiendo conocer detalles sobre planificación, contratos, ejecución, supervisión, entre otros.
Entre las reservas más relevantes destacan la del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, que mantiene reservas amplias sobre planificación y ejecución de la obra.
También, tienen reserva los proyectos viales estratégicos como viaductos, puentes y ampliaciones. Entre estos, ampliación de Tramo Los Chorros, Puente General José Manuel Arce, Frontera La Hachadura, Periférico Gerardo Barrios, entre otros.
A esas reservas se suman la de algunos de los nuevos proyectos como el de “Dos Escuelas por Día”, iniciado en mayo de 2025, el cual fue declarado bajo reserva total por el MOPT en septiembre de ese año. En el sitio web “dosescuelasxdia” se publica la información del monto de inversión, la institución ejecutora y otros datos sobre la escuela a intervenir; sin embargo, el monto total general, no se conoce.
Que publiquen estos datos como “estrategia de marketing gubernamental”, “no eximen el cumplimiento de la LAIP”, destacó Acción Ciudadana.
Otro proyecto que ha sido declarado bajo reserva es el de Energía Geotérmica que también fue reservado por la CEL por 7 años desde junio del mismo año. “Esta situación limita significativamente la posibilidad de fiscalizar el uso de los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales y la ejecución en dichos proyectos”.
En cuanto a los proyectos evaluados por primera vez, AC explicó que existe una tendencia de aprobación acelerada de préstamos con organismos financieros como el BID, CAF, BCIE y Banco Mundial.
“La poca información que se pudo verificar sobre esos proyectos fue mediante la consulta a los sitios web de estos organismos financieros. Se denota la escasa o nula publicación de información en portales oficiales de las instituciones responsables de los proyectos. Se suele presentar información parcial que es difundida a través de conferencias de prensa, pero no según los parámetros de la LAIP”, sistematizó Acción Ciudadana.
Es de recordar que la publicación de la información oficiosa debe hacerse en los portales oficiales. “Estas circunstancias generan imposibilidad de conocer y ejercer contraloría social desde las primeras etapas de los proyectos”.
En los proyectos evaluados se constató que el MOP es la institución con el mayor número de proyectos emblemáticos, tanto de los proyectos monitoreados de años anteriores como en los proyectos nuevos. “Cada año incrementa su presupuesto justamente por estos proyectos. El MOPT es una entidad que utiliza de forma excesiva la reserva de información, y se constató que en ciertos proyectos ha declarado la reserva a partir de solicitudes de ciudadanos requiriendo la información”.
La organización planteó que en varios proyectos no se encontró documentación ni en los portales institucionales ni en COMPRASAL.
A manera de conclusión, Acción Ciudadana informó que la información disponible en 2025 fue menor que en 2024, y algunos documentos previamente publicados ya no están accesibles. Se incumple la LAIP en la mayoría de los proyectos, no se cumple la obligación de publicar la información según los parámetros legales y, de hecho, ninguna institución evaluada cumplió el 100 % de los parámetros que exige la LAIP.
La reserva de información es el principal obstáculo para conocer dicha información. “la clasificación sistemática de proyectos estratégicos como reservados impide el acceso a información clave sobre contratos, ejecución y uso de fondos públicos”.
Se debe tener control institucional dado el patrón identificado, el informe sugiere que entidades contraloras como la Corte de Cuentas deben intensificar auditorías sobre proyectos con altos montos presupuestarios y baja transparencia.
