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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hay políticas reales que no están por escrito y son las que están impulsando, orientadas en favorecer intereses muy específicos como la importación de alimentos para los paquetes que entregaron (en la pandemia de COVID-19) -hubo beneficios para algunos- frente al abandono de la población campesina, debilitando aún más la producción nacional”, explicó, Carlos Cotto, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
En un análisis de los tres años de la administración del presidente Nayib Bukele, las 23 organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunciaron por la creación de una “Reserva Nacional de Alimentos”, que garantice la “seguridad alimentaria” de la población y en apoyo de la producción nacional.
Esa “política de abandono”, agregó Cotto, reduce la capacidad nacional de producir granos básicos, lo que vendría a justificar el alza en la compra e importación de estos productos con empresas ligadas a intereses de ciertas esferas de poder económico y político que pueden estar vinculadas ya sea, por círculos más estrechos de amistades o familiares.
“Este tipo de políticas no escritas y que están llevando a la realidad, parten de la idea que siempre habrá alimentos en otros países para comprar, pero podemos ver también que frente a conflictos y guerras a nivel internacional, esto irá mermando la capacidad del país de importar alimentos, esta es una situación compleja y debe ponérsele atención”, sostuvo.
“El hambre está a la vuelta de la esquina y se puede ver que están generando todas las condiciones de hambruna, cuando se marque la tendencia que no se puede importar en las cantidades que se hacía y una producción nacional debilitada se puede elevar la complejidad de esta situación para la población y serán consecuencias graves”, consideró Cotto.
Sobre todo, por los ciento 11 mil 113 paquetes de maíz que se han dejado de entregar para la actual temporada de siembra y hay miles de denuncias de personas que han sido excluidas de las listas que ha creado el gobierno y especial ha impactado a las mujeres productoras del área rural, señaló, Krissia Romero, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
“Han aumentado los costos de producción, tomando datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la temporada 20-21, el costo promedio por una manzana de maíz rondó los 780.85 dólares, ahora este costo es de 1,220.38 dólares, es decir, 339.53 dólares por manzana cultivada. Y en el caso del frijol pasó el costo de 847.22 a 1, 109 dólares, esto golpea directamente a las familias campesinas y genera el riesgo de escasez de alimentos para el próximo año”, indicó Romero.
Asimismo, el rastro de este impacto económico y abandono del agro, trasciende a los mercados de los alimentos en donde la Canasta Básica pasó de costar en el área urbana 200.53 dólares (2019) a 223.86 dólares (2022), un registro de incremento del 12%. Y en la zona rural el aumento del valor de la Canasta Básica es de 144.04 a 163.93 en el mismo período que registró la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESYTIC).
“Los datos oficiales dan cuenta que desde las temporadas agrícolas, 2018 -2019 a la 2020-2021 se han reducido alrededor de 5, 709 manzanas de maíz, aunque hay cálculos desde otras fuentes agrícolas que afirman que sobrepasan las 24 mil manzanas de cultivo”, afirmó.
Una situación que se agrava, consideró Romero, porque “la presente temporada agrícola existe ya un pronóstico de reducción de manzanas de cultivo de granos básicos que ronda un 50% del total, que equivale a 190 mil manzanas menos que serían 8.5 millones de quintales de maíz menos para la alimentación de la población”.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, también evalúo como “sin rumbo” el papel del MAG, en esta situación de abandono de la agricultora de los tres ministros que han desfilado en esa Cartera de Estado, a lo que se suman los recortes significativos a los presupuestos y partidas como la entrega del paquete agrícola.
“El MAG no tiene rumbo claro, pese al anunciado Plan Maestro de Rescate Agropecuario que no se ha traducido en ningún beneficio para las personas campesinas, quedándose en puros mensajes publicitarios. Mientras destinan 103 millones de dólares a la compra de bitcoins, el MAG tiene menor presupuesto con relación al PIB (Producto Interno Bruto) de los últimos años, las prioridades son claras, dinero para la especulación, no para la alimentación”, recalcó Romero.
Entre los señalamientos, como la falta de transparencia, Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria opinó que era frustrante que frente a los 16 hallazgos que la Corte de Cuentas de la República encontrara en el MAG, por la compra de insumos (142.9 millones de dólares), luego de un examen especial realizado entre febrero a septiembre del año 2021, el Ejecutivo haya optado por la “reserva de datos” por dos años de toda esa información.
“Es por esto y ante esta grave situación alimentaria de la población, exigimos la eliminación del IVA (impuesto del valor agregado) a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, no se puede bajar el precio de los alimentos quitándoles aranceles que no existen”, afirmó.
“Exigimos un impuesto del 5% a las grandes fortunas del país, si el gobierno está con el pueblo, la carga tributaria debe trasladarse a los que más tienen con lo que se podría recaudar alrededor de mil millones de dólares al año. Un incremento al salario mínimo para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de la población y el incremento del subsidio directo a agricultores y agricultoras de al menos 300 dólares, para 470 mil familias y garantizar producción de alimentos”, puntualizó Bonilla.
