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Redacción Nacionales
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En diciembre de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño en el caso sobre Beatriz, una joven con enfermedades crónicas a quien se le negó en 2013 la interrupción oportuna de su embarazo, pese a sus antecedentes obstétricos graves y un feto con anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina.
A poco más de un año de esa sentencia, organizaciones de mujeres, entre ellas la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, consideran que aún no hay respuestas del Estado sobre la reparación, cambios estructurales y garantías de no repetición.
“Ninguna mujer ni persona con capacidad de gestar debería volver a pasar por lo que Beatriz vivió”, se lee en una de las publicaciones en las redes de “Justicia para Beatriz”.
La Corte IDH, en su resolución, determinó que el Estado violentó los derechos de Beatriz a la salud, a la protección judicial, a la vida privada y a la integridad personal de ella y de su familia. Pero, además, señaló que en El Salvador no existen protocolos para atender embarazos de alto riesgo, debido a la prohibición absoluta del aborto y su penalización.
Es por ello que ordenó al Estado que adopte las medidas de marcos legales correspondientes, y que brinden lineamientos claros sobre el tratamiento en situaciones de embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Sin embargo, organizaciones de mujeres y de derechos humanos consideran que no se ha cumplido con lo solicitado por la Corte Interamericana, pues también pidió al país centroamericano brindar atención de salud integral a la familia de Beatriz, la capacitación del personal sanitario y operadores de justicia en materia de salud materna, así como brindar seguridad jurídica en casos de embarazos de alto riesgo, y aún no hay acciones contundentes al respecto.
El rostro de la lucha por el derecho a la salud y la vida
Beatriz tenía 22 años y un hijo cuando, en 2013, se enfrentó a un sistema judicial que le negó el derecho a decidir sobre su cuerpo. Padecía lupus eritematoso y estaba embarazada por segunda vez, lo cual le generó problemas de salud, su vida corría peligro y la vida del feto al salir del útero era inviable.
Contaba con el respaldo del Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad, compuesto por 13 jefes de especialidades, que recomendó la interrupción de su embarazo por su cuadro clínico, pero el aborto está prohibido en el país y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio una respuesta negativa.
Así fue como decidió acudir a la Corte IDH para denunciar al Estado salvadoreño, apoyada por la Colectiva, por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó una postura que dio esperanza sobre la demanda, pues reconoció que era “grave” que se violentaran los derechos de los cuales se privó a Beatriz.
Sin embargo, el 8 de octubre de ese mismo año, a causa de lesiones por un accidente de tránsito, y luego de haber padecido complicaciones de salud y deterioro de su salud mental por haber sido forzada a extender el embarazo, Beatriz falleció sin conocer su triunfo con la resolución de la Corte IDH.
El caso de Beatriz abrió el debate público en el país, y en la región, sobre el hecho de que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo la vida de las niñas y mujeres en El Salvador, y que el Estado violentó sus derechos.
Ahora, a un año de esa resolución, las organizaciones de mujeres mantienen su lucha por no olvidar el legado de Beatriz. “El caso Beatriz dejó una obligación clara para los Estados en la región: garantizar leyes, prácticas y atención médica que protejan la vida, la salud y la dignidad de mujeres y personas con capacidad de gestar”, señalan.
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