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A un año de elecciones y con un gobierno dictatorial

Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios

Hay mucho que hacer desde la ciudadanía en la presente coyuntura, en la que quién dirige el ejecutivo, más que atender los problemas que aquejan a la ciudadanía se empeña en realizar  una campaña anticipada en favor de su partido, sin importarle las consecuencias negativas para la gente y para la democracia que tanto ha costado.

El 28 de febrero de 2021 se debe elegir a 262 concejos municipales, 84 diputaciones a la Asamblea Legislativa y 20 diputados que representen al país en el Parlamento Centroamericano; 12 partidos políticos podrán competir en ese proceso y más de cinco millones de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral decidirán.

El presidente se niega a entender que el diseño constitucional de nuestro país, es republicano, democrático y representativo; además para representar al pueblo en el Gobierno se debe hacer a través de los partidos políticos, que está prohibido en la constitución la existencia de un partido único, y por eso pretende -al no haber logrado el 9 de febrero- disolver la Asamblea Legislativa; que no es el edificio que militarizó sino los seres humanos investidos de autoridad dada por voto popular; quiere usar el gobierno para desprestigiar a los partidos políticos y hacer creer a la mayoría de la población que su partido Nuevas Ideas es algo así como “El Mesías”.

Prepara a la policía para ver a los partidos ahora representados en la Asamblea Legislativa como enemigos, y la Policía Nacional Civil dentro del proceso electoral debe estar para garantizar la seguridad, no deben estar predispuestos ante unos y enrolados mentalmente en el partido del presidente.

Igual procede con los soldados les induce a creer que los partidos ahora representados en la Asamblea Legislativa están con los delincuentes a los que ellos deben ayudar a combatir; es decir, procura predisponerlos contra unos y hacerles ver que su partido es el único bueno. Y resulta que la Fuerza Armada en su conjunto debe colaborar con el Tribunal Supremo Electoral en algunas de las acciones propias del proceso electoral.

Utiliza el presidente a los medios públicos, y paga mensajes en medios privados y redes para  justificar su falta de resultados en favor de la gente esos mensajes buscan transferencia del apoyo que tuvo antes, a lo que será la elección del 2021.

Se presenta como víctima y desvaloriza la paz y la transformación política lograda. No puede justificar a pura propaganda el agua sucia que sirve ANDA, el abandono de programas de salud, o el cierre en escuelas de los turnos  por la tarde; pero dramatiza para descalificar a sus opositores y favorecer a su partido.

Todo eso, además de representar un incumplimiento de obligaciones legales, constitucionales  y políticas, representa una vulneración a la libertad del sufragio; pues la finalidad última de sus mensajes que incitan al odio, a incendiar a los políticos (todos en el gobierno son políticos), sus demandas excesivas de dinero sin dar explicaciones, sus abusos delictivos en el uso de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, empleados públicos, el empleo de  recursos públicos para agredir a sus opositores, tienen una clara intención electoral para favorecer a su partido Nuevas Ideas.

La pérdida de servicios estatales a la población más necesitada, como los subsidios al gas, los servicios de salud y educación, la persecución a periodistas; los ataques de sus seguidores fanáticos a quienes cuestionamos sus malos procederes; lo que indican es que es más grande la responsabilidad de contribuir a que más ciudadanos y ciudadanas hagan una lectura correcta de la realidad y actuemos responsablemente para detener sus afanes dictatoriales y sus  prácticas fascistas.

El deber de instituciones como la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del Tribunal Supremo Electoral y de la propia Asamblea Legislativa, es actuar conforme a los mandatos legales y constitucionales frente a cada violación que cometen el presidente y sus funcionarios.

La responsabilidad de los partidos es cumplir con los deberes y obligaciones, entre las que están la de promover la defensa del sistema republicano, democrático y representativo, promover una cultura de paz, los valores cívicos y el goce de garantías constitucionales para cada persona; y el más urgente promover los programas y propuestas que recojan las demandas de la población.

En la ruta a las elecciones, y ante la amenaza de que se consolide un Gobierno dictatorial, cumplir esos deberes es fundamental, para evitar el regreso al pasado de fraudes electorales, represión y anulación de los derechos, libertades y las conquistas alcanzadas con sacrifico  de generaciones completas.

Elecciones sin conductas dictatoriales ni fraudes, requiere pararnos frente al retoño de resabios fascistas.

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