Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Saúl Méndez
Colaborador
Durante una entrevista en el programa de Radio Victoria, Peter Nataren, miembro de la comunidad Santa Marta, y Milton Rivas, familiar de uno de los imputados, abordaron los tres años de persecución judicial contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, la dilación en la entrega del fallo absolutorio y la creciente preocupación por una posible maniobra de la Fiscalía General de la República (FGR) para trasladar el caso al ámbito civil, lo que dilataría el proceso para los líderes comunitarios.
El proceso judicial comenzó con la captura de tres líderes de la comunidad Santa Marta y dos representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) durante la madrugada del 11 de enero de 2023, por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los detenidos se encontraba el director ejecutivo de ADES, Antonio Pacheco. Todos fueron acusados de un presunto asesinato ocurrido en 1989, en el contexto de la guerra civil; sin embargo, el hecho no pudo ser probado, por lo que los ambientalistas fueron absueltos y actualmente permanecen a la espera de la notificación escrita del fallo absolutorio.
“Es una situación similar a la de muchos casos en este país. En los últimos dos años, por ejemplo, hay muchísima gente que cuenta con cartas de libertad emitidas por los centros penales, pero que continúa privada de libertad, e incluso muchas personas siguen muriendo en las cárceles sin haber sido liberadas”, aseguró Nataren.
Nataren explicó que los ambientalistas de Santa Marta han enfrentado dos juicios por el mismo caso y en ambos han sido absueltos por distintos tribunales. “Definitivamente, este es un proceso que debió haberse cerrado en 2024, pero ha continuado debido a múltiples maniobras por parte de la Fiscalía y también de tribunales que se han prestado a ello, como la Cámara de Cojutepeque, que anuló un fallo para reabrir el proceso”, señaló.
Tras esa resolución, la Cámara de San Vicente, la última instancia que conoció el caso, determinó que no existía causa para enjuiciar a los ambientalistas.
“Desde entonces, llevan varios meses a la espera de la resolución definitiva por escrito, que es el documento que, en la práctica, les permite ejercer plenamente su libertad, incluso, para realizar trámites básicos como la gestión de documentos personales. Es difícil afirmar que alguien es libre cuando no cuenta con ese respaldo legal”, aclaró.
“Las familias han interpuesto recursos para acelerar el proceso, ya que el tribunal ha retrasado en cuatro ocasiones la entrega del fallo. En las últimas tres, incluso, ha señalado que el documento se encuentra ‘en revisión’”, explicó.
Se trata de un caso ampliamente observado, en el que participaron medios de comunicación, periodistas, representantes diplomáticos y delegaciones internacionales. Países como Canadá, Alemania y Francia actuaron como observadores del proceso. Además, existen grabaciones, testigos y reportes elaborados por las misiones de observación internacional, por lo que, para la comunidad Santa Marta, resulta incomprensible que aún se hable de una revisión del fallo.
“Esta situación no solo preocupa a las familias ni a quienes hemos acompañado el proceso; también genera inquietud en la comunidad internacional y, sin duda, entre la abogacía del país, entre todas las personas que conocen cómo funcionan estos casos”, afirmó.
Respecto a un eventual escenario tras la notificación del fallo absolutorio, explicó que se abriría un plazo de 15 días para la presentación de apelaciones por ambas partes. “La Fiscalía podría apelar, y también la defensa de los ambientalistas, dependiendo de lo que establezca el fallo definitivo.
Sin embargo, se sabe que a dos de estas personas se les pretende dejar abierta la posibilidad de un proceso por la vía civil, lo cual no tiene lógica. Si no existe condena penal, no se puede condenar civilmente a alguien. En un proceso civil se exigirían las mismas pruebas y testimonios, y si estos no se sostuvieron en el juicio penal, tampoco lo harán en uno civil”, concluyó.
