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A juicio por desobediencia presidente de región española de Cataluña

Madrid / Prensa Latina

El presidente de Cataluña, Quim Torra, irá a juicio por negarse a retirar símbolos secesionistas de los edificios públicos durante la precampaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, informó el viernes la justicia española.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó la apertura de juicio oral contra Torra por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de las instituciones gubernamentales.

Los independentistas utilizan los lazos amarillos para mostrar su solidaridad con los nueve líderes políticos y sociales catalanes presos desde hace más de año y medio, por su papel en el frustrado intento de secesión que en 2017 vivió esa región del noreste del país europeo.

De ser declarado culpable, el mandatario separatista podría ser inhabilitado por hasta dos años para ejercer cargos públicos, lo cual lo expulsaría de la Generalitat, institución gubernamental de esa comunidad autónoma.

En marzo último, la JEC concedió al gobernante un ultimátum para que retirara de los edificios públicos toda la simbología secesionista, con el fin de garantizar la neutralidad política ante los comicios legislativos de abril.

Sin embargo, Torra hizo caso omiso y mantuvo una pancarta colgada en el balcón de la fachada principal de la Generalitat, ubicada en Barcelona, capital de esa región nororiental.

El letrero de la discordia llevaba la inscripción, en catalán e inglés, Libertad para los presos políticos y exiliados y con un lazo amarillo.

Tras incumplir el plazo otorgado en dos ocasiones y, antes de ceder definitivamente al requerimiento, sustituyó el lazo amarillo por otro blanco junto al mismo mensaje.

El juez instructor en la Sala Civil y Penal del TSJC, Carlos Ramos, ordenó juzgar al presidente de la Generalitat por un supuesto ‘delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente’.

La Fiscalía pide para el mandatario una inhabilitación de un año y ocho meses para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito ‘local, autonómico, estatal o europeo’ y una multa de 30 mil euros.

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