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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
Juan José Ortiz, economista y representante de los afectados en el caso COSAVI, habló sobre el estado actual del proceso y los hechos que dieron origen a las investigaciones. El economista recordó que el 1 de marzo se cumplieron dos años desde que inició la crisis en la cooperativa. Además, señaló que esa fecha coincidió con cuatro meses sin que el Gobierno hiciera nuevos anuncios sobre la devolución de dinero por “capas”, mecanismo que se ha utilizado desde que comenzó el caso.
Durante el programa El Salvador Patria Querida, conducido por Alex Carcelero, Ortiz afirmó que los avances en dos años de proceso son casi inexistentes y señaló que, tras 24 meses, el problema continúa sin resolverse.
A su juicio, una situación que inicialmente afectaba únicamente a los socios de la cooperativa ahora también genera impactos económicos a nivel nacional e incluso internacional.
“En la medida en que el Gobierno no quiere atender a los afectados, el caso COSAVI ha trascendido las fronteras salvadoreñas y se ha convertido en un caso de alcance internacional”, afirmó.
Según explicó, dentro del grupo de afectados que se ha organizado también se registran 11 personas fallecidas que murieron sin poder obtener sus ahorros.
También recordó que, de acuerdo con la memoria de labores de la cooperativa, COSAVI contaba con 10,317 socios, por lo que se desconoce cuántos fallecimientos sin la devolución de ahorros podrían existir dentro de ese universo total de asociados.
Por su parte, Julio Flores, uno de los afectados, relató que los socios comenzaron a notar irregularidades el 1 de marzo de 2024, cuando intentaron retirar parte de sus ahorros y se les impusieron límites.
En un inicio, el retiro estaba limitado a 3 mil dólares por semana y posteriormente se redujo a mil dólares semanales. Esta medida se mantuvo entre el 1 de marzo y el 9 de abril, periodo durante el cual muchos asociados retiraron lo que pudieron.
Flores explicó que la situación se volvió insostenible cuando una usuaria llegó a una sucursal de COSAVI en Santa Elena a exigir la devolución inmediata de 50 mil dólares. El video del reclamo se viralizó en redes sociales el 8 de mayo.
Un día después, la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn García, junto con el fiscal general, Rodolfo Delgado, anunciaron públicamente la intervención de la cooperativa.
Sin embargo, Flores aseguró que en la práctica la intervención ya se estaba aplicando desde el 1 de marzo.
Ortiz también recordó que en esa conferencia del 8 de mayo de 2024 la Fiscalía señaló a 32 sospechosos vinculados al caso y presentó a 16 personas detenidas. No obstante, indicó que hasta la fecha se desconoce la situación de las otras 16 personas señaladas, ya que el proceso tiene reserva.
Según dijo, algunas jefaturas de la cooperativa han sido detenidas posteriormente, pero ni la Fiscalía ni la Superintendencia han realizado conferencias de prensa para informar sobre esos procedimientos.
El economista también cuestionó la legalidad de la intervención. Explicó que, al momento de los hechos, COSAVI era una cooperativa que había iniciado un proceso para convertirse en banco cooperativo, pero dicho procedimiento no se había completado.
Por ello, considera que la institución que debía intervenir era el INSAFOCOOP y no la Superintendencia del Sistema Financiero.
Ortiz criticó que, después de dos años, ninguna de las instituciones involucradas, la Superintendencia, la Fiscalía o el juzgado especializado, haya ofrecido una explicación técnica, financiera o legal que justifique la administración de la cooperativa y la toma de decisiones sobre los fondos de los socios.
Además, cuestionó el mecanismo de devolución de dinero por capas, al considerarlo ineficiente. Señaló que, tras 24 meses, el proceso apenas ha alcanzado devoluciones de hasta 80 mil dólares.
A su juicio, el ritmo del proceso genera incertidumbre para quienes tienen mayores cantidades depositadas. “Si una persona tenía medio millón de dólares en COSAVI, ¿cuándo le corresponderá recuperar su dinero si en dos años apenas se ha llegado a los 80 mil?”, planteó.
Asimismo, explicó que dentro de la cooperativa existían dos tipos de socios: quienes tenían certificados a plazo y quienes poseían certificados de aportación.
Según afirmó, existen socios con certificados de aportación de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares que ya vencieron y que, debido a que la Superintendencia dejó de pagar intereses, han perdido vigencia contractual. Sin embargo, aseguró que esas personas aún no han recibido la devolución de sus ahorros.
