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Saúl Méndez
Colaborador
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), una organización no gubernamental que inició operaciones el 1 de abril de 1978 con el objetivo de documentar violaciones a los derechos humanos en un entorno cada vez más hostil, cumplió 48 años de fundación y de una extensa labor de memoria histórica.
La lucha por esclarecer los casos de violaciones a derechos humanos se remonta a los inicios de la violencia ejercida por el Estado durante la Guerra Civil salvadoreña (1979-1990). La CDHES se inspiró en el arzobispo Óscar Arnulfo Romero para denunciar los abusos cometidos en el país.
A lo largo del conflicto armado, la organización se consolidó como una de las principales defensoras de derechos humanos, con incidencia directa en la liberación de múltiples presos políticos mediante acciones de presión para exigir su libertad.
La CDHES, que también se define como una organización laica, evidenció su compromiso a través de la defensa de sectores marginados.
Su labor se fundamentó en cinco objetivos principales: promover la observancia y el respeto de los derechos humanos, defender a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos, denunciar violaciones ante instancias nacionales e internacionales, coordinar acciones orientadas a prevenir abusos y, finalmente, informar a la población salvadoreña sobre sus derechos fundamentales, así como supervisar el cumplimiento de tratados internacionales suscritos por el Estado.
De las pocas organizaciones de derechos humanos que operaban en El Salvador a finales de los años 70 y durante los 80, la CDHES fue una de las más perseguidas por la represión militar. Dos de sus presidentes fundadores fueron asesinados: Marianella García Villas, en 1983, y Herbert Anaya Sanabria, en 1987. También fueron desaparecidos y asesinados en 1980 la secretaria de prensa, María Magdalena Henríquez, y Ramón Valladares; mientras que el exdirector, Carlos Eduardo Vides, desapareció en diciembre de 1981.
En un intento por desacreditar a la organización, el gobierno militar salvadoreño y la Embajada de Estados Unidos la señalaron como un grupo fachada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Como contrapeso, sectores afines al Estado promovieron la creación de otra Comisión de Derechos Humanos, que emitía declaraciones dirigidas a responsabilizar a la guerrilla. Esta estrategia buscó restar credibilidad al trabajo de entidades como la CDHES, que ha enfatizado su carácter no gubernamental para diferenciarse.
Miguel Montenegro, actual director de la CDHES, quien en 1986 fue capturado por la Policía de Hacienda y sometido a torturas físicas y psicológicas, aseguró que la organización continúa en la lucha y busca dejar un legado tangible con las pruebas recopiladas a lo largo de los años.
Los archivos de la CDHES incluyen reproducciones de expedientes, fotografías y material audiovisual que documentan asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Salvador entre 1974 y 1992.
Estos expedientes están organizados según el tipo de violación: abuso de poder, asesinato, desaparición, amenaza, captura o liberación, bombardeo, tortura, escuadrón de la muerte, exilio político, personas heridas en guerra, maltrato infantil, masacres, negligencia médica, espionaje, degollamiento, procesamiento judicial, prisioneros políticos, refugiados, reclutamiento forzoso, represión y secuestro, entre otros.
Cada expediente responde a un formulario estandarizado que incluye datos como el nombre de la víctima, edad, estado civil, lugar de nacimiento y domicilio, ocupación, lugar de trabajo, nombres de familiares, descripción de los hechos, grupo responsable, estatus legal, testigos, observaciones, instituciones a las que se ha acudido y nombre del peticionario.
Además, los expedientes pueden contener documentos complementarios como declaraciones de testigos, solicitudes dirigidas a instituciones, como Amnistía Internacional o la Corte Suprema, fotografías de las víctimas, recortes de prensa, cartas de apoyo y copias de documentos de identidad.
Debido a este trabajo de documentación, integrantes de la CDHES fueron víctimas de múltiples atentados. Marianella García Villas, fundadora de la organización, fue secuestrada mientras investigaba el uso de armas químicas por parte del Ejército en Suchitoto. Fue trasladada en helicóptero a la Escuela Militar y posteriormente su cuerpo sin vida fue entregado al Hospital Militar.
Herbert Anaya Sanabria asumió la dirección tras el asesinato de Marianella. El 26 de mayo de 1986 fue secuestrado por la Policía de Hacienda frente a sus hijos, llevado a un cuartel policial, sometido a torturas y posteriormente trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”.
“Había mucho temor. Trabajábamos de forma clandestina y bajo pseudónimos. Temíamos represalias contra nosotros y nuestras familias”.
En 1986, Montenegro fue capturado junto a otros cinco miembros de la CDHES y sometido a torturas físicas y psicológicas en instalaciones de la Policía de Hacienda.
Posteriormente, fueron trasladados al penal de Mariona, donde varios miembros de la Comisión se reencontraron y lograron entrevistar desde prisión a más de 1,000 presos políticos.
“Conseguimos introducir clandestinamente una cámara fotográfica y una máquina de escribir. Documentamos hasta 40 tipos de tortura aplicados en los cuarteles. Un compañero se encargó de dibujar los métodos utilizados”, relató.
Tras recuperar la libertad y sistematizar la información, publicaron el informe titulado “La tortura en El Salvador”, en el que se evidenció, mediante testimonios, fotografías e ilustraciones, la práctica sistemática de tortura por parte de los cuerpos de seguridad.
“Durante años negaron que existiera tortura”, afirmó Montenegro sobre la postura del Estado en la década de 1980. El informe fue remitido a instancias internacionales, incluido el Congreso de Estados Unidos, lo que contribuyó a presionar al gobierno salvadoreño.
Montenegro lamentó que, hasta la fecha, el Estado salvadoreño no haya reparado a las víctimas. “Son miles de personas desaparecidas y asesinadas. Hemos exigido justicia y reparación, pero este gobierno, al igual que los anteriores, ha hecho oídos sordos”, señaló.
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