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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez*
sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, sovaldi período 2012-2015.
Lo que ha detonado el ambiente es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización otorgada por la Asamblea Legislativa para que el órgano Ejecutivo emita títulos valores de crédito hasta por la cantidad de $ 900 millones. Los magistrados de la Sala consideraron que contraviene los artículos 131 ordinal 4°, 143 y 148 inciso 2° de la Constitución, pues se vulneró la exigencia constitucional según la cual el proyecto de ley desechado o no ratificado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses, y por infracción al proceso de formación de ley, esta aseveración no es cierta y por tanto no existe fundamento jurídico alguna para admitir dicha demanda.
Ese argumento deja claro la intencionalidad política de la Sala puesto que lo único que se hace es daño a las finanzas del gobierno y por tanto, se deja de golpear la delincuencia a partir de que el gobierno no puede hacer trámites de vender dicho Letes en tanto existe medida cautelar sobre este aspecto relacionado con los 900 millones aprobados legalmente por la legislatura recién pasada.
El demandante también señala que existieron anomalías en la aprobación del dictamen, ya que en la primera votación –cuando se rechazó la iniciativa– la diputada Sandra Salgado no votó. Fue sustituida por el diputado suplente José Wilfredo Guevara Díaz, quien sí votó a favor de la aprobación del decreto. No obstante, sostiene que “aunque ambos son del mismo partido político (GANA), Guevara no es el diputado suplente de la diputada propietaria Salgado García. De manera que Guevara Díaz únicamente podía suplir al señor Gallegos Navarrete; no a otro. Esto es la peor aberración que se puede cometer cuando no se sabe cómo es la forma de funcionamiento de la Asamblea, ese argumento no tiene base jurídica ni en la Constitución de en el Reglamento Interno de la Asamblea, por tanto queda clara la jugada política de la Sala.
El frente ha argumentado que no hay fundamento jurídico alguno para admitir la demanda como tampoco existes elementos que le den a la sala razones de peso para declarar dicha inconstitucionalidad, de hacerlo quedaría demostrado su interés político por dañar las finanzas del Estado y por consiguiente el daño que se le hace a la sociedad en general, sin embargo ARENA aplaude estas decisiones de la Sala y dice se deben cumplir y que hay razones jurídicas para hacerlo.
En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del día jueves 11 de junio la Diputada Milena Calderón de Escalón dijo sentirse satisfecha por la resolución de la Sala y dijo que ahora el FMLN tendrá que negociar con ARENA varios puntos a fin de obtener los novecientos millones, como puede verse está clara la relación de la Sala con ARENA, es decir que la Sala es ahora el despacho jurídico del partido ARENA, hay contubernio que se llama agenda política para golpear la Gobierno y por tanto al FMLN, pero en realidad golpean al pueblo.
La subjefe de fracción del ARENA, Milena de Escalón, se mostró complacida por la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional a la aprobación de $900 millones en bonos y reiteró que de ser declarado inconstitucional, el FMLN se verá obligado a negociar con el principal partido de oposición, entonces está claro que ARENA está detrás de esas sentencias, existe un poder factico detrás de las resoluciones políticas de la Sala de lo constitucional.
Según el secretario general del FMLN, Medardo González, ha sostenido que los cuatro de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estarían respondiendo a ideologías políticas con la medida cautelar que suspende la colocación de bonos por $900 millones, que serían utilizados para programas sociales.
Según la jefa de fracción del FMLN existe un grupo político de ultra derecha que concentra la mayor capacidad económica que se apoyan en entes creados por ellos mismos como son ANEP, FUSADES y sus empresas de comunicación, este grupo es el principal desestabilizador y buscan defender sus intereses a toda costa y que antes imponían su voluntad a la presidencia de la república, determinaban el quehacer legislativo y siempre tuvieron en silencio y tolerancia al sistema judicial, ahora no dominan la Presidencia de la República ni la Asamblea Legislativa, por ello buscan impedir su funcionamiento y trasladar el centro de las decisiones a los 4 leales Magistrados, eso parece ser la lógica política con la cual se “cambia el rumbo del país”.
Sin duda la agenda política de los 4 magistrados tiene a la base golpear al pueblo con sentencias tales como: “el impuesto de 4 centavos de dólares por llamadas telefónicas desde el exterior, las partidas de gastos imprevistos en el Presupuesto General de la Nación, las transferencias de fondos de un ministerio a otro, el impuesto de 1% de retención a empresas que declaran pérdidas por tres años consecutivos; declararon inconstitucional la contribución específica con la cual se otorgan compensaciones a familias de fallecidos en accidentes de tránsito”.
También y siempre de acuerdo lo expresado con Norma Guevara estos 4 magistrados “admiten una demanda contra reformas al Código Tributario que establecieron medidas de transparencia, como publicar la lista de los deudores del fisco, fiscalizar las cajas registradoras, aplicar normas de la OMC para rastrear los precios de transferencia (recurso usual de empresas para eludir el pago de impuestos). De paso para que suene otra cosa y se eclipse la protección a los evasores, buscan declarar la inexistencia legal de diputados suplentes”. Sin duda alguna existe una intromisión en los demás poderes del Estado, lo cual golpea la democracia representativa.
