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Gloria Orellana
@GloriaCoLatino
La protesta de las comunidades provenientes de los cantones San Lázaro y Chipilapa, en departamento de Ahuachapán, por la extracción de agua en la zona por parte de una urbanizadora que no cuenta con el permiso ambiental del MARN, dio un giro inesperado al ser citados once miembros del Movimiento Unido por La Labor, por la Fiscalía General de la República.
La perforación de 2 de los 4 pozos proyectados por la compañía urbanística mantiene la tensión de los residentes de la hacienda La Labor, quienes consignan que el silencio de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), sobre los permisos ambientales, raya en la complicidad.
En reiteradas declaraciones los pobladores han señalado que la extracción de agua de los mantos acuíferos potencia la afectación de aproximadamente 22 mil habitantes de la zona distribuidas en 12 comunidades, cuya extracción inició el pasado 25 de octubre, sin previo aviso, llegando a intervenir la Policía Nacional Civil, entre la población afectada y la seguridad privada de la empresa constructora.
Las reacciones de organizaciones sociales y Juntas de Agua, que integran el Movimiento Ciudadano del Agua (MCA) señalan con preocupación la introducción de la figura de “criminalizar” a las personas defensoras de derechos humanos colectivos que como sucede en La Labor, defienden su derecho al agua en una zona vulnerable.
Ana Coreas, de la junta de Agua de Las Cruces, Ahuachapán, señaló que estos permisos que les dan a las empresas sin contar con información del abasto del afluente iba a perjudicar a corto plazo a la población circundante y su medio ambiente.
“Esas empresas que tienen el agua como materia prima secan los pozos y de alguna manera, es responsabilidad de estas empresas frente a la extracción del recurso natural buscar como devuelven lo que se extraen. En la Ley de Medio Ambiente, si talo un árbol, debe plantar 10, entonces, debe ser algo así, con quienes extraen grandes cantidades de agua”, agregó Coreas.
“La comunidad se ha levantado para defender el derecho humano al agua, para defender sus vidas y ese vital líquido que no nace del chorro. Nosotros no tenemos ríos grandes que nazcan en el país, somos dependientes de otros países, por lo tanto, considero que es responsabilidad de todos cuidarlos, porque todos necesitamos del agua”, sostuvo Coreas.
Edgardo Mira, miembro de CEICOM, dijo que la tentación de “criminalizar” al movimiento social por el agua u otro bien natural, serán más evidentes a corto plazo, entre grandes empresas y las comunidades en los territorios del país, los que podrían terminar en serios conflictos entre la población.
Mira, además, calificó de “privatizadora” la Ley General Hídrica que ha sido votada únicamente por la bancada oficial y sus dos partidos satélite en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Ad Hoc, la que no reconoce el derecho humano al agua y el uso doméstico.
“Observemos el tema de los permisos ambientales, que favorece a las empresas porque la definición de la fórmula para la aplicación de los cánones -explícitamente- plantea en una de las variables el precio del agua. Estamos hablando que el agua tiene un precio, es una mercancía y así se visualiza el agua en esta ley, escrita por ellos (partido NI) cuando es conveniente establecer con claridad el orden de las prioridades del agua”, dijo Mira.
“Se debe evitar este tipo de problemas de la población y las empresas, como ha ocurrido en La Labor, dando prioridad al consumo humano. Y esta ley que ha sido elaborada y aprobada de manera express, sin tomar los aportes de la academia, organizaciones sociales e iglesia y sin conocimiento técnico, científico, no podrá desarrollar una gestión efectiva del agua”, reiteró Mira.
Sobre la corresponsabilidad de los pagos de los cánones (tarifas), sin la participación ciudadana sobre el destino de los bienes hídricos nacionales y la eliminación de permisos ambientales o estudios frente a los proyectos que presenten las empresas constructoras tendrá consecuencias negativas, afirmó Nelson Martínez, del CDC.
“Nos preocupa la población y la eliminación de la ayuda a las Juntas de Agua, de las comunidades con dificultades para obtener el vital líquido. Y no es que el Gobierno brinde dinero, sino de la declaratoria de interés social que les permite tramitar subsidios a la explotación, energía eléctrica, porque su carácter de abastecimiento a las comunidades para absorber los costos de la explotación y frente a esta competencia con las empresas, las comunidades están en desventaja”, advirtió Martínez.
“Hacemos un llamado al presidente y diputados (partido Nuevas Ideas), que si van a aprobar esta ley de Recursos Hídricos, puedan valorar realizar cambios a lo que han revisado y aprobado en último momento. Que tomen conciencia y den marcha atrás, para que favorezcan a las comunidades y eso comienza con priorizar el uso doméstico del agua”, puntualizó Martínez.
