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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana entregó su tercer informe del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), sobre el estado de financiamiento para responder la emergencia ante la COVID-19 por parte del Ejecutivo. Dicho comité explicó los hallazgos a la comisión especial de CETES y LETES de la Asamblea Legislativa.
Cabe destacar que este comité se creó a mediados del año pasado para ejercer de manera de tutela de transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conformaron el fondo de emergencia, solicitado por el Ejecutivo cuyo monto ascendió a 2 mil millones de dólares para combatir la pandemia.
Según detalló Ricardo Castaneda, coordinador de dicho comité, se destinaron recursos para propósitos distintos a la atención de la emergencia; al parecer, son $107 millones de dólares que se usaron con rubros distintos a lo establecido, $55 millones para la contrapartida de FOMILENIO II y $52 millones para pagos a veteranos y excombatientes. Siendo dicha cifra un 10.8 % de los $705 millones provenientes de endeudamiento externo.
Hasta el 2 de febrero (fecha de publicación del informe) la disponibilidad de recursos asociada con el mecanismo establecido en el decreto legislativo N° 608 fue de $999.3 millones de dólares, del cual, el 70.5 % proviene de nuevo endeudamiento, cuyo financiamiento fue aportado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras que el 29.5 % de la disponibilidad de recursos provinieron de recortes a otras partidas de egresos, en particular del servicio de la deuda, obligaciones generales y adquisición de bienes y servicios, así como ajustes en partidas de ingresos tributarios.
Castaneda afirmó que, hasta ayer, las solicitudes de información que el comité pidió en tres ministerios no han sido contestadas, entre ellas, el Ministerio de Agricultura, Salud y Turismo. “No hemos tenido respuesta, hemos pedido más detalles sobre la ejecución de los recursos, estados financieros, temas de compras y contrataciones”.
Además, puntualizaron que el principal canal para movilizar recursos ha sido el Fondo de protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), cuyos mecanismos “son de amplia discrecionalidad”. De los 999.3 millones, $607.1 millones fueron transferidos bajo este mecanismo. A diferencia del FERRE, el FOPROMID es un mecanismo que en su manejo no aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ya que permite hacer transferencias entre distintas instituciones sin intervención de la Asamblea Legislativa. Además, el Gobierno, no le notificó a dicho comité de esos movimientos. Sin embargo, Castaneda dijo que empezarán a analizar cómo se ha gestionado FOPROMID y a qué instituciones se asignaron todos esos recursos. El presidente de la comisión especial, René Portillo Cuadra dijo: “Quedó claro que todo el dinero que ingresó al fondo de emergencia, su redistribución, inversión o gasto, nunca fue conocido por la junta directiva de esta instancia, lo cual es una situación de ilegalidad bastante marcada”.
Cuadra señaló que el Gobierno urgió a la Asamblea Legislativa para la aprobación de fondos para combatir la COVID-19, pero en realidad el dinero no iba allí. También agregó que a dicho comité se le ha negado información, “hay instituciones que no han entregado la documentación requerida por ellos (los del comité) y esto, lo que marca es, un reto a la transparencia y a la rendición de cuentas”.
Mientras que la postura del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, fue que el Gobierno tiene que dar cuentas claras, por que “es el dinero de los salvadoreños”. El encargado de la Asamblea cuestionó las cajas de alimentos que el Gobierno está brindando a la ciudadanía, “¿cuánto realmente nos cuesta el paquete de víveres, ¿cuál es el valor real?”, “nos decían que costaba 50 dólares, a eso no se le encuentra no más de 20 dólares”, sostuvo.
Lo anterior fue uno de los tantos ejemplos que el Comité de Veeduría ha investigado y presentado ante la Asamblea Legislativa.
El comité está conformado por representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
