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Samuel Amaya
Joaquín Salazar
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló este jueves al diputado y coronel retirado Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN), por su posible participación en una violación de los derechos humanos, por la ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, de nacionalidad española, hecho ocurrido el 10 de septiembre de 1990. En el comunicado también prohíbe el ingreso de él y su familia a dicho país norteamericano.
El Departamento de Estado declaró como inelegible para ingresar a Estados Unidos al coronel José Antonio Almendáriz Rivas “Esta acción también se aplica a los miembros de su familia inmediata. Almendariz Rivas se suma a otros 13 salvadoreños recientemente designados bajo 7031c por su participación en graves violaciones a los derechos humanos”, dicta el escrito oficial.
Agrega que, “Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos perpetrados por ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales. Las acciones de hoy subrayan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso con la justicia para las víctimas y la promoción de la rendición de cuentas de los perpetradores al servicio de una paz justa y duradera en El Salvador”.
El legislador manifestó que “con la nueva ley que se hizo para aclarar todos los acontecimientos cuando se derogó la Ley de Amnistía, tenía la esperanza de aclarar mi apellido”.
Agregó que “la Comisión de la Verdad en menos de un año vio más de 3 mil casos”, comparando que un solo caso puede durar hasta 4 o 5 años de investigaciones. Afirmó que “se sacó todo a la carrera” y por eso no fue escuchado en la Comisión de la Verdad, él por lo tanto consideró que se le violentó el debido proceso. El diputado y también militar en calidd de retiro Mauricio Vargas, quien fue uno de los líderes de la Fuerza Armada durante la guerra civil, expresó que “estas son decisiones que el Departamento de Estado las toma, no hay hasta el momento un proceso judicial en El Salvador, ni denuncias en juzgados, sino, que es una noticia de la Comisión de la Verdad de las cuales ellos han retomado un dato que tendrán que seguir el debido proceso y la comprobación del mismo en un momento determinado”.
Mauricio Vargas dice que personalmente cree que el coronel Almendáriz va a salir bien de este proceso por la muerte de la doctora. “El debido proceso y la presunción de inocencia no está generada, ni mucho menos la comparecencia a hacerle del conocimiento de la misma”. El general Vargas enfatizó que hay una gran cantidad de denuncias durante el conflicto armado, “veníamos de un conflicto eminentemente político e ideológico y tenía una carga más ideológica que verdaderamente legal” finalizó.
Mientras que la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que si el departamento de Estado tiene información valiosa que la manden aquí para El Salvador a la Fiscalía o donde compete para que se desarrollen las investigaciones.
En enero pasado, 13 militares en situación de retiro fueron señalados por violaciones a derechos Humanos, estos militares son los involucrados en la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el 16 de noviembre de 1989. Entre los señalados en esa ocasión se encuentra: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Yusshy Rene Mendoza, Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara, Carlos Camilo Hernández, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Avalos, Angel Pérez Vásqeuz y José Alberto Sierra.
