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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
José Apolonio Tobar Serrano, tutelar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reiteró su irrestricto compromiso con la sociedad civil y exigir la diligencia oficial en la investigación y justicia para las víctimas de los casos de feminicidios y reparación a sus familiares.
En un comunicado oficial el procurador Tobar señaló que en el contexto de la Pandemia por COVID-19, ha venido realizando constantes llamados a las instituciones que velan por los derechos de las mujeres y exigiendo su activación para el cumplimiento de sus mandatos y dar respuestas a las víctimas.
Asimismo, señaló que el aislamiento social debido a la cuarenta domiciliar, producto del Covid-19, elevó la situación de riesgo de muchas mujeres que se encuentran conviviendo con sus agresores. Así como, por los diferentes hechos de violencia de género que se registran y otras expresiones de violencia, que van desde la simbólica, la política y, finalmente, ante el incremento de feminicidios.
Los siete feminicidios que se acumulan entre el mes de julio y la primera semana de agosto de 2020, son preocupantes, reiteró el procurador Tobar, al externar su indignación y condena estos actos de máxima violencia que enluta al país.
Las nueve víctimas, cuyas edades oscilan entre los 15 a 50 años, que se reportaron en diferentes puntos del territorio nacional, de las cuales tres no han sido identificas. Una de las víctimas era de aproximadamente 16 años, originaria de San Julián, Sonsonate. Otra de 22 años, ocurrido en la Carretera a San Juan Opico, La Libertad.
Y el tercer feminicidio fue contra una persona, entre los 15 a 20 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en la Carretera a San Miguel.
A todas les quitaron la vida con arma de fuego.
Las otras víctimas han sido identificadas como: Norma Abigaíl Cañas Oporto, de 25 años de edad, asesinada en la Colonia Flor Amarilla, pasaje Maquilishuat, sobre la calle principal de la jurisdicción de Santo Tomás. Dora Alicia Guzmán, de 42 años, asesinada junto a su pareja en la Comunidad Regalo de Dios, Cantón Ashapuco, Ahuachapán.
Odilia Gómez Contreras, de 55 años, asesinada por sujetos con arma de fuego, junto a su yerno, afuera de su vivienda en la Colonia Bendición de Dios, Yayantique, La Unión.
Así como, Andrelina Gaitán y Carmen Ayala Lovo, raptadas un día antes de ser asesinadas, encontradas en el desvío a Estanzuelas, Usulután. Y Mirian Torres Hernández, de 34 años, quien fue encontrada sin vida en un predio baldío, en el Caserío El Porvenir, zona límite, entre los municipios de Acajutla y Guaymango, Sonsonate.
“Las anteriores muertes constituyen la expresión más brutal en la escalada de violencia contra la mujer, el feminicidio, y a la vez refleja la condición de extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres en nuestro país. De ahí, que se vuelve necesario que las autoridades tomen un rol protagónico para prevenir afectaciones a los derechosa la integridad y seguridad personal”, demandó.
Por tanto, el procurador Tobar, demandó por una vida libre de violencia para las mujeres, tanto dentro como fuera de sus hogares, a fin de construir la erradicación de este tipo de actos que causan la muerte por motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer.
“Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, le solicitó realice una investigación exhaustiva y con enfoque de género en cada uno de los casos señalados, garantizando el respeto de los derechos de acceso a la justicia, debida diligencia y debido proceso asegurando las medidas de protección necesarias para resguardar la vida y seguridad personal de los núcleos familiares de las víctimas”, indicó.
Asimismo, solicitó a la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), María Lilian López, ejercer un rol protagónico en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, impulsando desde la institución y dirigir acciones correspondientes para proteger sus derechos.
“Al Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para que colabore con la investigación instruida por la Fiscalía General de la República e intensifique las labores de prevención en las zonas en donde ocurrieron los hechos de violencia citados. Además, informe si en la institución que dirige existe protocolo especial de atención para víctimas de violencia de género durante la Pandemia COVID-19”, exigió en su comunicado.
