Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Yaneth Estrada
@caricheop
El Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) expresó su rechazo a la posible privatización del agua, al considerar que la reciente crisis hídrica pudo ser causada con “oscuras intenciones”. También pidieron explicaciones, el Juzgado Ambiental de San Salvador, el Colegio Médico, el Foro Nacional de Salud (FNS) y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Hace 4 semanas, miles de usuarios denunciaron en redes sociales el mal olor y color marón del agua potable distribuida por la ANDA en Gran Salvador. Posteriormente, y luego de negar la situación, el Presidente de la República, reconoció públicamente, que el agua no era consumible y regañó al titular de la ANDA, Frederick Benítez, y a la Ministra de Salud, por asegura que “no traería consecuencias a la salud”
“Con todo esto que se está haciendo están violentando los derechos y puede traer consecuencias a la salud, además esto pudo ser causado de manera intencional para privatizar el agua”, explicó en secretario general del STISSS, Ricardo Monje (hijo).
Por este motivo, también el Juzgado Ambiental de San Salvador inició una “urgente” investigación en contra el presidente de la ANDA, la Ministra de Salud y Ministro de Medio Ambiente “para que la población esté bien informada y de forma oportuna a cerca de la calidad de agua que está sirviendo ANDA”, con base al artículo 102 de la Ley de Medio Ambiente.
Llueven las críticas
Ante las “irregulares” actuaciones del Gobierno y sus autoridades, el Doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, aseguró que las autoridades del MINSAL deberían demostrar con exámenes o estudios de laboratorio la situación fisicoquímica, bacteriológica del agua que nos están sirviendo. Aclarar, si esta es apta para el consumo humanos y que no tiene gérmenes, bacterias, toxinas de hongos, o cualquier tipo de sustancia, eso es su obligación”.
Asimismo, el galeno refutó las declaraciones de la Ministra de Salud, Ana Orellana, por considerar que “era evidente que un MINSAL no puede decir, que aunque esté turbia esa agua es potable, que se puede tomar. Nosotros hubiéramos querido que la opinión que se diera de este ente que es el encargado del mayor prestador de servicio de salud diera una opinión técnica como dice la Constitución de la República en el artículo 67 porque es claro y dice que los servicios de salud tienen que tener una base evidentemente técnica, lejos de cualquier objetivo o interés político partidario”. En este sentido, Brizuela lamentó que las autoridades no estén publicando los datos semanales sobre el reporte epidemiológico, lo que “no permite conocer si se han incrementando las cifras de diarreas e infecciones estomacales o gastrointestinales a consecuencia de la mala calidad del agua”.
Además, el Foro Nacional de Salud (FNS) y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua demandaron una solución efectiva debido a las denuncias de personas que habitan en el área metropolitana de San Salvador de agua con mal olor y mal sabor. “La situación es agravante, ya que muchas familias afectadas el vital líquido para consumo humano y trabajo doméstico”, expuso Margarita Posada, miembro del FNS.
Por lo tanto, exigieron la participación pública en la discusión de la Ley General del Agua, que actualmente se desarrolla en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa para vigilar que este sea un proceso transparente y no una privatización disfrazada.
