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El equipo multidisciplinario de la delegación argentina en Bolivia denunció, con base en pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto está cometiendo “delitos de lesa humanidad” desde la asunción de Jeanine Áñez.
Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus grupos de choque impidió que la misión argentina ahondara más en la actual violación de derechos humanos, sociales y políticos en este país.
En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información.
«Anden con cuidado porque los estamos siguiendo» fueron las palabras que el ministro del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, dijo para amenazar a la delegación argentina de organismos sociales y de derechos humanos.
En su estancia en Bolivia, los integrantes de la delegación vivieron una persecución constante por el gobierno de facto para que no se muestren los casos de violaciones de derechos humanos, como la tortura, detenciones ilegales, heridos, violaciones sexuales, entre otros casos
El grupo independiente fue a la ciudad de Santa Cruz para hacer una escala y luego siguieron hacia La Paz con el objetivo de estudiar los abusos cometidos contra la población.
En este grupo de activistas está Leonardo Pérez Esquivel, hijo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En el aeropuerto de Santa Cruz fueron demorados e interrogados por la Policía, y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes de ultraderecha que siguen a Luis Fernando Camacho.
