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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) aseguró que en El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, existen al menos 38 personas defensoras de derechos ambientales, derechos sindicales, derechos humanos, derechos políticos, derecho a la libre información para la ciudadanía, que guardan prisión.
Rafael Paz Narváez, integrante del MUPC, detalló que figuras como Eugenio Chicas, Luis Alberto Menjívar, Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Fidel Zavala, defensores sindicalistas y de las comunidades que han defendido la tierra, han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas y ejercer sus derechos.
Por su parte, Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, declaró en el 2025 que las detenciones a los defensores de derechos humanos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública.
«El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, afirmó en el 2025 tras declarar a Ruth López como presa de consciencia, estatus se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por ejercer sus derechos sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio.
Expertos en derecho constitucional afirmaron que el contexto actual de instrumentalización del proceso penal para perseguir judicialmente a defensores de derechos humanos no habría sido posible sin las reformas estructurales previas impulsadas por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa, como la destitución irregular, en mayo de 2021, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.
Además, la reforma aprobada en septiembre de ese mismo año, que forzó el retiro obligatorio de cientos de jueces y fiscales mayores de 60 años, sin que sus sustituciones se realizaran mediante procesos transparentes ni fundamentados en criterios técnicos, favoreció el debilitamiento de la independencia del sistema judicial.
Por otra parte, el MUPC también denunció que comunicadores sociales han sido víctimas de la persecución política por exponer casos de corrupción e injusticias por parte de servidores públicos.
Tal es el caso de al menos 55 periodistas salvadoreños que abandonaron el país durante el 2025, mientras el gremio ha reportado 314 agresiones, según datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador, la cual también se exilio por temor a regresarías del gobierno, y la Red Centroamérica de Periodistas.
Pero la persecución no se han limitado a periodistas. Comunicadores sociales han alertado sobre el incremento de ataques virtuales encabezados por cuentas troles en redes sociales afines al gobierno. Algunos, incluso, denunciaron hostigamiento policial.
«En este contexto, algunos compañeros, defensores ambientales, algunos compañeros que también se desempeñan en la comunicación social, se han comunicado con nosotros y nos han solicitado que elevemos una denuncia de persecución y amenaza de capturas», reveló Narváez.
«Hay compañeros comunicadores que han recibido amenazas, han recibido hostigamiento policial por cercanía en las viviendas y en este momento también se ha recurrido a la rumorología, a la difusión de amenazas por terceras personas o amenazas a través de comunicación por troles», afirmó.
Según una investigación realizada por la revista Vórtice, de la Universidad Francisco Gavidia, la red de cuentas troles que conforman el ejércitos virtual proBukele, pública en promedio alrededor de 700 mensajes al día, entre tuits y retuits; otras cuentas asociadas a la red publican entre 100 y 200 en un día.
«Es preocupante que iniciemos este año 2026 todavía con una larga lista de compañeros y compañeras en prisión política en El Salvador y es preocupante que defensores ambientales y personas que se esfuerzan por la comunicación social estén siendo perseguidas y estén siendo amenazadas con ser capturadas», aseveró.
El MUPC exige que se cese la persecución contra las personas que ejercen su derecho de defender el medio ambiente, defender los derechos sindicales, defender los derechos políticos y defender los derechos a la comunicación.
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