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Blanca Flor Bonilla*
La niñez, de acuerdo con la CDN, comprende las edades desde cero hasta los 18 años. Este grupo poblacional representa a los sujetos más importantes en las familias y la sociedad, además de ser los más vulnerables y, por tanto, los que más sufren en las crisis familiares, sociales y de los gobiernos.
La ONU aprobó el 20 de noviembre de 1989 la CDN. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), basada en la CDN, tiene la función de garantizar los derechos de la niñez por medio del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (SNPINA), basándose en los cuatro grupos fundamentales de derechos: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Trabajé personalmente, entre los años 2000 y 2009, en el enriquecedor proceso de formulación y discusión técnica para que esta ley se creara y aprobara. Reconozco las dificultades para establecer consensos, pero también el alto valor agregado que implica construir visiones integradoras y participativas como la LEPINA.
El SNPINA inició con el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA), integrado por cinco Ministerios, COMURES, la Procuraduría General de la República y cuatro representantes de la sociedad civil. El Art. 134 de la LEPINA plantea que debe ser autónomo. En la actualidad se ha incorporado como parte del gabinete del presidente, con lo que se viola la ley, la autonomía y la independencia en la toma de decisiones colegiadas multi e intersectoriales.
En el informe 2018–2019 del CONNA se presentan los avances en la consolidación del SNPINA en años previos, mediante la coordinación y articulación de diferentes instancias, entre las que destacan el Comité Técnico Coordinador, la Mesa de Fortalecimiento a los Sistemas Locales, la mesa del Componente Administrativo y Judicial, la Mesa de Niñez Migrante, y la Mesa de Niñez en Conexión con la Calle, entre otros. Se presenta, además, información y datos sobre los avances en el cumplimiento de los derechos de esta población.
En el ámbito de la protección de derechos y de acuerdo con dicho informe, entre junio de 2018 y marzo de 2019, las dieciséis Juntas de Protección que se distribuyen en todos los departamentos del país atendieron a 13,005 niñas, niños y adolescentes por amenazas y violaciones a sus derechos. También se presentan evidencias sobre el trabajo técnico para crear y hacer funcionar 140 Comités Locales de Derechos, y se amplió la cobertura de la Red de Atención Compartida (RAC), ascendiendo a 133 entidades de atención, de las cuales 32 son Asociaciones de Promoción y Asistencia (APA), que son garantía de más y mejores programas, para atender a esta población.
En la memoria de labores 2019–2020 del CONNA, se evidencia que casi tres de cada diez habitantes son niñas, niños y adolescentes, representando a 1,950,674 personas que son sujetos de derechos. El 48.6 % de esta población son mujeres y el restante 51.4 % son hombres. El 75.9 % de este grupo poblacional tienen menos de 14 años. En este documento se evidencian abundantes violaciones a los derechos de protección, pero no contempla información sobre los derechos, atención integral, salud y educación.
Es importante analizar y comparar los últimos dos informes del CONNA: 2018–2019 y 2019–2020. En el primero, la información disponible da cuenta de un proceso de gobernanza basado en la transparencia, el diálogo y la amplia participación, desde lo nacional hasta lo comunitario, bajo el respeto a la Constitución de la República, las leyes y los diferentes Órganos del Estado y las personas. En el segundo, se evidencia la ausencia de espacios de participación dentro del SNPINA, relacionados con la RAC, conformada por la sociedad civil que trabaja con la niñez y adolescencia, en conjunto con los Gobiernos Municipales y dirigentes comunitarios. Tampoco hay información sobre posibles avances en el cumplimento de los derechos de la niñez y adolescencia: únicamente hay información sobre las vulneraciones, lo que implica un retroceso del enfoque de protección integral al enfoque de situación irregular al que ya se habían dado avances significativos institucionalmente en el país.
En vista de lo anterior, se identifica con claridad la práctica y el estilo concentrador y centralizador de gobernar, cuyos rasgos autoritarios son visibles en toda la administración del gobierno central, debilitando la institucionalidad democrática que tanto ha costado construir, a la vez que se lesiona la convivencia en paz, constituida en las leyes. Este estilo de Gobierno va en franco retroceso respecto a la gobernanza democrática que ha mostrado sobradamente su mayor eficiencia y eficacia al articular y poner en práctica fortalezas y potencialidades de todos los actores sociales e institucionales. No corregir esto implicará más vulneraciones sufridas y menos derechos cumplidos para nuestra niñez y adolescencia.
*Luchadora social y diputada del PARLACEN
