𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗬 𝗟𝗔 “𝗦𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔” 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗢𝗜𝗧: 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗬 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟

Luis Rivera

El Gobierno ha iniciado una intensa campaña para presentar la eventual salida de El Salvador de la denominada “lista corta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una especie de certificación internacional de éxito laboral, estabilidad institucional y dignificación de la clase trabajadora.

Las imágenes oficiales aseguran que la eventual salida de El Salvador de la denominada “lista corta” traerá:
— mayor seguridad jurídica;
— fortalecimiento institucional;
— diálogo social;
— modernización del Estado;
— reconocimiento internacional;
— y dignificación real de los trabajadores.

Sin embargo, el problema es que la OIT no funciona como un organismo de propaganda política ni entrega certificados de excelencia gubernamental.

La Comisión de Aplicación de Normas examina casos concretos relacionados con posibles incumplimientos a convenios internacionales ratificados por los Estados, particularmente en materia de:
— libertad sindical;
— negociación colectiva;
— protección contra represalias;
— y garantías laborales efectivas.

Por eso, presentar la eventual salida de El Salvador de la denominada “lista corta” como evidencia concluyente de que los problemas estructurales laborales han sido superados resulta, como mínimo, cuestionable.

Especialmente cuando en el país continúan existiendo denuncias sobre:
— despidos masivos en el sector público;
— supresión y reestructuración de plazas;
— debilitamiento sindical;
— despidos y afectaciones contra dirigentes gremiales;
— así como detenciones y procesos penales contra líderes sindicales como Sabino Antonio Ramos, Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez, Franklin Izaguirre y otros casos que han sido denunciados públicamente por organizaciones laborales y de derechos humanos;
— además de persistentes obstáculos para la defensa judicial efectiva de los trabajadores.

Y es precisamente ahí donde el debate deja de ser únicamente político para convertirse también en un problema constitucional y de derecho internacional.

La Constitución de la República reconoce la libertad sindical, el derecho de asociación y la protección especial del fuero sindical como mecanismos indispensables para garantizar que los trabajadores puedan organizarse y defender sus derechos sin temor a represalias, despidos arbitrarios o persecución.

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico laboral salvadoreño y los convenios internacionales ratificados por el Estado —particularmente los Convenios 87 y 98 de la OIT— obligan a garantizar:
— independencia sindical;
— protección efectiva de dirigentes gremiales;
— negociación colectiva auténtica;
— y tutela judicial real frente a actos antisindicales.

Más allá de la narrativa oficial, los mecanismos de control de la OIT han insistido históricamente en la necesidad de que el Estado salvadoreño avance y cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de:
— libertad sindical;
— protección del fuero sindical;
— negociación colectiva auténtica;
— investigación y sanción de actos antisindicales;
— acceso efectivo a justicia laboral;
— y garantías reales para que trabajadores y dirigentes sindicales puedan ejercer actividad gremial sin temor a despidos, represalias o persecución.

Sin embargo, gran parte de esas observaciones, exigencias y recomendaciones continúan siendo objeto de cuestionamiento, precisamente porque persisten denuncias sobre despidos masivos, debilitamiento sindical, afectaciones al fuero gremial, criminalización de dirigentes y obstáculos reales para el ejercicio pleno de los derechos laborales y sindicales en El Salvador.

La contradicción más evidente aparece cuando la propaganda oficial habla de “dignificación real de la clase trabajadora”, mientras organizaciones y movimientos laborales sostienen que más de 60,000 trabajadores del sector público han sido despedidos durante la actual gestión.

Porque la dignificación laboral no se mide únicamente con campañas publicitarias o percepciones internacionales.

También se mide por:
— estabilidad laboral;
— acceso efectivo a justicia;
— respeto al fuero sindical;
— cumplimiento de resoluciones;
— y capacidad real de los trabajadores para reclamar derechos sin temor a represalias.

Otro punto delicado es el supuesto “fortalecimiento del diálogo social”.

La OIT entiende el diálogo social como la existencia de condiciones reales para negociación colectiva, independencia sindical y participación equilibrada entre trabajadores, empleadores y Estado.

Pero precisamente una parte importante de las observaciones internacionales hacia El Salvador han girado alrededor de conflictos sindicales, denuncias de persecución gremial y debilitamiento de organizaciones laborales.

La discusión de fondo debería ser otra:

¿Realmente mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores salvadoreños?

¿Existen hoy mayores garantías efectivas para la defensa de sus derechos?

¿Se fortaleció verdaderamente la libertad sindical?

¿O únicamente se está intentando convertir una evaluación técnica internacional en una herramienta de legitimación política y propaganda institucional?

Salir de un mecanismo de observación puede tener relevancia diplomática.

Pero eso no equivale automáticamente a resolver las causas estructurales que originaron el escrutinio internacional.