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viernes , 15 diciembre 2017
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Tribunal Constitucional suspende la “ley de desconexión” catalana
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Tribunal Constitucional suspende la “ley de desconexión” catalana

Madrid/dpa

El Tribunal Constitucional español suspendió hoy de forma cautelar la llamada “ley de desconexión” de Cataluña, impulsada por los independentistas para regular el camino hacia la secesión de la región en caso de que gane el “sí” en el referéndum unilateral del 1 de octubre, informaron medios españoles.

El alto tribunal admitió a trámite el recurso interpuesto el viernes por el Gobierno español de Mariano Rajoy, lo que supone la suspensión automática de la norma aprobada en el Parlamento catalán. Los magistrados tienen un plazo de cinco meses para decidir si es o no inconstitucional.

La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, impulsada por los partidos secesionistas que gobiernan en Cataluña, pretende garantizar la legalidad en el periodo comprendido entre el referéndum independentista, en caso de que se celebre, y la aprobación de una Constitución catalana si gana el “sí”.

Pero a día de hoy la consulta sobernista está en el aire. Los secesionistas aseguran que tendrá lugar mientras el Gobierno español de Mariano Rajoy está haciendo todo lo posible para impedirlo ya que la considera ilegal.

El Constitucional suspendió también la semana pasada su convocatoria a raíz de un recurso interpuesto por el Ejecutivo español.

El alto tribunal desmanteló los planes de los secesionistas al anular también la llamada “ley del referéndum”, aprobada el miércoles en el Parlamento catalán con el fin de tratar de dar cobertura legal a la convocatoria de la consulta soberanista.

Ante las decisiones del Constitucional, el lunes se celebró una multitudinaria marcha en Barcelona -capital catalana- con la que los secesionistas catalanes sacaron músculo y reivindicaron la celebración del referéndum.

Las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la consulta en Cataluña, si bien la región se encuentra dividida al 50 por ciento en cuanto a la independencia de España.

La Fiscalía insta a la Policía a actuar para evitar consulta catalana

La Fiscalía de Cataluña ordenó hoy a las fuerzas de seguridad que requisen las urnas y el material destinado a preparar el referéndum independentista previsto el 1 de octubre en la región española, impulsado por el Gobierno catalán de forma unilateral y prohibido por el Tribunal Constitucional español.

El ministerio público pidió a la Policía que actúe contra conductas de “autoridades, funcionarios públicos o particulares” dirigidas a la organización de la consulta y advirtió de que éstas pueden suponer delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

También recordó que la malversación de caudales públicos puede conllevar una pena de hasta ocho años de prisión.

La Fiscalía catalana comunicó hoy la orden a los responsables de la Policía Nacional española, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra (Policía catalana) tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español, que el pasado jueves anuló de forma provisional la convocatoria de la consulta, prohibiéndola “de facto”.

Los agentes “procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales (…) así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal”, expresó el ministerio público en un comunicado.

La convocatoria por parte del Gobierno catalán de un referéndum sobre la independencia de la región de ESpaña abrió una grave crisis institucional la semana pasada en España.

El Gobierno español de Mariano Rajoy aseguró que hará todo lo posible para impedir la votación el 1 de octubre e impugnó ante la Justicia todos los pasos dados por los partidos independentistas catalanes.

La orden de la Fiscalía a la Policía, hoy, tiene lugar un día después de que los independentistas catalanes sacaran músculo en Barcelona con una gran marcha pro referéndum en la que participaron entre 350.000 personas (según la delegación del Gobierno español en Cataluña) y un millón, según la Guàrdia Urbana de Barcelona.

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