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Por: Leonel Herrera*
Esta semana el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 28 años de cárcel al ex ministro de Seguridad, Benito Lara, por negociar con pandillas. Dicho fallo es una monumental evidencia de la justicia selectiva que consiste en procesar a unas personas y a otras no, aun cuando todas hayan cometido o sean sospechosas de cometer los mismos delitos.
Entre los condenados también están el ex ministro de Gobernación, Arístides Valencia y el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Además, el periodista Paolo Luers.
Mi propósito no es discutir la culpabilidad o inocencia de Lara y demás condenados. Eso debió establecerlo un sistema judicial independiente e imparcial que no existe en el país. Aunque es oportuno señalar que la Fiscalía y el tribunal basaron su acusación y condena en el testimonio de un pandillero convertido en testigo protegido, una modalidad probatoria débil y siempre sospechosa.
El objetivo de este texto es insistir en la selectividad y doble moral de un sistema judicial cooptado y al servicio de claros objetivos de persecución política, que condena a los “negociadores con pandillas” de gobiernos anteriores, mientras se hace del ojo pacho con los del gobierno actual.
Según El Faro, en las coyunturas electorales de 2014 y 2015, prácticamente todos negociaron con pandillas: ARENA, FMLN y Nayib Bukele. Sin embargo, la Fiscalía y los tribunales sólo condenan a los dos primeros y miran para otro lado con el tercero.
En el caso de Bukele, El Faro ha demostrado que las pactos con pandillas fueron claves para sus grandes logros políticos: ganar la Alcaldía de San Salvador en 2015, llegar a la Presidencia de la República en 2019 y obtener la súper mayoría legislativa en 2021, que le ha permitido tomar el control de todo el aparato estatal y aprobar todas leyes, reformas préstamos y cambios constitucionales que él ha querido para concentrar el poder.
El periódico digital El Faro ha publicado fotografías, audios, videos y documentos del propio sistema penitenciario que confirman que funcionarios de Bukele negociaron con pandillas. Dichas negociaciones han sido judicializadas en una corte en Nueva York, donde están acusados Carlos Marroquín, director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación y Osiris Luna, director general de Centros Penales y Viceministro de Seguridad.
En un reportaje publicado por El Faro, Marroquín afirma, en unos audios de llamadas telefónicas, que él personalmente llevó a Guatemala a jefes pandilleriles que fueron liberados ilegalmente como parte de los referidos acuerdos. The New York Times también reveló que, en agosto y septiembre de 2020, Luna acudió a la Embajada de Estados Unidos para ofrecer información sobre las negociaciones con las maras a cambio de un “asilo de lujo”.
Así que la pregunta para la Fiscalía y el sistema judicial es: ¿cuándo serán procesados los negociadores con pandillas de este gobierno?
Lo mismo puede decirse con los acusados por supuestos delitos de corrupción. Únicamente se procesa a ex funcionarios de gobiernos anteriores, no del actual. ¿Cuándo veremos a la Fiscalía y a los tribunales investigar los escandalosos indicios de corrupción del régimen de Bukele que, según El Faro, podrían rondar los 3,000 millones de dólares?
Entonces, los negociadores con pandillas y los corruptos del gobierno actual, ¿cuándo?
*Periodista y activista social.
