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Y a ARENA, ¿cuándo?

@arpassv

La Fiscalía pide que la familia del expresidente Francisco Flores devuelva al Estado 15 millones de dólares, en el juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el exgobernante arenero. (¡Bravo¡, señor fiscal Douglas Meléndez; lástima que suspendió la audiencia para no afectar electoralmente a ARENA).

El fiscal general, sin embargo, no hace lo mismo con la dirigencia de ARENA por los 10 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán. Esos fondos eran para los afectados por los terremotos de 2001, pero fueron utilizados para financiar la campaña arenera de 2004.

El desvío se hizo en una escandalosa operación de lavado de dinero a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth”: de Miami a cuentas del “Rodríguez Porth” en Costa Rica y de ahí a cuentas bancarias de ARENA.

Así lo estableció la comisión legislativa que investigó el destino de las donaciones de Taiwán y el Juzgado Séptimo de Instrucción en el juicio contra el expresidente Flores. El expresidente de la República Alfredo Cristiani y el exdirigente arenero Jorge Velado lo reconocieron después públicamente.

Pero la Fiscalía se niega a procesar a los llamados “destinatarios” y aplicar la Ley de Extinción de Dominio a ARENA, a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones sociales que exigen al fiscal Meléndez recuperar para el Estado los 10 millones de dólares.

Entonces, señor fiscal general, ¿por qué pide a los familiares de Flores que devuelvan 15 millones, pero no exige que también el COENA devuelva los 10 millones donados por Taiwán? ¿No dijo usted que aplicaría la Ley a quien fuera? ¿Cuál es el miedo?

Como parte de la campaña cívica “ARENA, devolvé lo robado”, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) pide que el fiscal Meléndez proceda en varios casos de corrupción que involucran a altos personeros de la derecha oligárquica.

La semana pasada representantes de ASGOJU pidieron un informe sobre algunos de esos casos, este informe -según el Código Procesal Penal- debe darse en un plazo de cinco días. Si no hay respuesta en ese tiempo, es procedente pedir a la Asamblea Legislativa la destitución del fiscal Meléndez por incumplimiento de deberes y omisión de investigación.

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