Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente a las autoridades salvadoreñas a garantizar el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales a los defensores de derechos humanos Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, capturados 13 de mayo en un contexto de creciente represión e intimidación contra quienes alzan la voz la justicia social.
WOLA consideró urgente que como parte de un proceso judicial justo y transparente, se les debe restituir el derecho a mantener contacto con su defensa legal y familiares, como reconocimiento a la naturaleza injusta de su detención, Amnistía Internacional los ha declarado prisioneros de conciencia, junto con la abogada Ruth López.
Pérez y Henríquez enfrentan cargos de desórdenes públicos y resistencia al arresto, tras participar en una manifestación pacífica en defensa de la comunidad El Bosque, que fue objeto de un desalojo forzoso.
“El ejercicio legítimo de la protesta no debe ser criminalizado, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, debe ser el pilar de cualquier Estado de derecho. El próximo 29 de octubre se celebrará una audiencia de revisión de medidas, en la que se decidirá si los defensores continuarán privados de libertad”, indicó WOLA.
Diversos informes, tanto de organizaciones locales como de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario salvadoreño, marcado por el hacinamiento extremo y un alto riesgo de tratos crueles e inhumanos.
Desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022, se han registrado miles de detenciones arbitrarias, muchas de ellas por ejercer su libertad de expresión, participar en manifestaciones o criticar abiertamente al gobierno. Estas acciones han sido ampliamente consideradas como indicios de persecución política y criminalización de la disidencia.
Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, El Salvador vuelve a enfrentar un capítulo oscuro de su historia, aunque ahora no hay escuadrones de la muerte, masacres, ni cadáveres abandonados en las carreteras por fuerzas nacionales, la democracia atraviesa una encrucijada y deterioro, desde la falta de independencia de poderes hasta un espacio cívico constantemente atacado, ha vuelto el encarcelamiento político, no como una reliquia del pasado, sino como una herramienta refinada de control autoritario moderno.
“Con la consolidación del régimen de excepción como una herramienta legal y política, el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Bukele adaptan una estrategia para perseguir a las voces críticas, ya con las reformas electorales impuestas y la oposición política sacada completamente del juego electoral, Bukele se reelige en febrero de 2024 e inicia una ola de ataques y acoso contra actores clave del espacio cívico, personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y líderes sociales”, enfatizó la organización.
La estrategia en este período se centra en acusar a estas personas de asociaciones ilícitas, un delito específico para la criminalidad organizada y para los grupos como las maras o pandillas, porque es la única manera de utilizar el régimen de excepción en sus casos y, por ende, limitar las garantías del debido proceso.
