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@SilviaCoLatino
“La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo ha presentado en diversas ocasiones reformas a la Ley de Protección Civil, que tiene que ver con el tema de la prevención, donde proponemos un enfoque de prevención, más que reactivo”, explicó, Magdalena Cortez, de la Fundación FUMA adscrita a la MPGR.
Diversas organizaciones sociales presentaron su posicionamiento ante los eventos que afectan al territorio nacional y que impactan al 90 % de la población, que parten de las amenazas como los sismos, inundaciones, deslizamientos y otros eventos que generan incertidumbre en la población.
No obstante reconocieron las acciones realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil, luego de haber decretado “Alerta Amarilla” ante el enjambre sísmico con epicentro en Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, así como al Ministro de Obras Públicas (MOP) por realizar obras de mitigación como la de carretera a Los Chorros.
Flor Gámez, de ProVida, señaló que el riesgo por vulnerabilidad de la población es alta, al comentar que solo en los 19 municipios que conforman el Gran San Salvador y otros municipios que se unen como área metropolitana que sería Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, conviven casi un millón de habitantes, de ahí la precariedad de una tragedia humana.
En cuanto a la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo, Gámez consideró que debe trabajarse por actualizarla, así como la Ley de Protección Civil y la presentación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos.
“Por qué proponemos reformar la ley de protección civil y mitigación de desastres, porque su contenido es emergencista, lo que nosotros llamamos preparación y respuesta a la emergencia, pero eso no es suficiente en un país de alta vulnerabilidad y ante las amenazas que tiene. Entonces proponemos una reforma de prevención y participación a la población”, señaló.
Sobre las reformas a la ley, solicitaron a la Asamblea Legislativa hacer los cambios de ese marco jurídico que para la MPGR es “cerrada”, donde el Sistema Nacional de Protección Civil se queda corto sin integrar a los líderes comunales y organizaciones estratégicas que cuentan con suficiente conocimiento sobre este tipo de amenazas.
“El volcán de San Salvador tiene una expresión volcánica que puede ser mayor o menor, puede ser magma o ceniza, y los cráteres de este volcán no es solo, lo que vemos en el boquerón, sino que, los cráteres están en las zonas como Antiguo Cuscatlán, el Plan de la Laguna es un cráter y otras zonas y debemos tomarlo en cuenta, porque ellos también tienen fallas geológicas y sus propias expresiones”, afirmó Gámez. En su posicionamiento, la Mesa Permanente de la Gestión de Riesgo subrayó además la necesidad de que los fondos destinados para el Sistema de Nacional de Protección Civil sea más alto, ya que 4 ó 5 millones de dólares no son aceptables, porque un rango mínimo en prevención sería de 48 millones de dólares.
“La Corte Suprema de Justicia debe aceleerar procesos de justicia ambiental para que las leyes ambientales del país se cumplan, y los tribunales ambientales tengan los recursos adecuados para sus funciones, ya no podemos permitir por ejemplo, que los cañeros sigan causando incendios para preparar sus terrenos, lo que afecta directamente la biodiversidad y la población”, puntualizó.
