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Por Leonel Herrera*
El actual gobierno salvadoreño no sólo no ha hecho nada para disminuir la violencia machista contra las mujeres, sino que ha incorporado un nuevo tipo de violencia contra ellas: la violencia política. Violencia estatal por razones políticas.
La expresión más clara de esta violencia política contra las mujeres es la criminalización y persecución judicial. El caso más brutal es el de Ruth López, la defensora de derechos humanos detenida el 19 de mayo de este año y encarcelada en el penal de Izalco, el más mortífero de los centros penitenciarios del país, donde ha fallecido la mayoría de muertos en prisión.
El bukelato ejerce violencia política contra esta reconocida abogada en represalia por su destacado trabajo de denuncia de la corrupción y abusos de poder estatal y de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Manifestaciones de violencia política contra las mujeres son también la vigilancia, seguimiento, amenazas y hostigamiento que obliga a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos a exiliarse forzosamente para evitar ser capturadas y encarceladas. Tres casos emblemáticos son los de la periodista Mónica Rodríguez, la abogada Ivania Cruz y de la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar.
Otra modalidad de violencia política contra las mujeres es la descalificación, estigmatización, acoso y linchamiento en redes y plataformas digitales contra mujeres periodistas, comunicadoras, “influencers” y ciberactivistas. Un caso reciente es el de la abogada Betty Arana, quien ha sufrido ataques digitales e incluso físicos.
También constituye violencia política contra las mujeres la narrativa gubernamental contra los derechos de las mujeres, la equidad de género y el desmantelamiento de políticas inclusivas en educación, salud y otros ámbitos. El gobierno llama “combate contra la ideología de género” a esta forma cobarde de ejercer violencia política contra las mujeres.
Finalmente, la autocracia bukelista también ejerce violencia política contra las mujeres con restricciones al espacio cívico que afectan al activismo de las mujeres y la lucha por la defensa de sus derechos. Normativas como la Ley de Agentes Extranjeras perjudican a las organizaciones feministas y demás organizaciones de la sociedad civil.
Y, como para ser consecuente con su praxis de violencia política contra las mujeres, el bukelismo realizó una especie de “celebración sádica” del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres prorrogando el régimen de excepción, el marco jurídico que permite ejercer impunemente estas expresiones de violencia política contra las mujeres, especialmente la persecución judicial.
Por orden de Casa Presidencial, los diputados oficialistas aprobaron, este 25 de noviembre, la prórroga número 45 del régimen de excepción. Régimen inconstitucional, innecesario para combatir a las pandillas (que según el propio relato gubernamental ya no existen) y que sólo sirve para cometer abusos contra cualquier persona, mantener con miedo e inmóvil a la población, no rendir cuentas públicas y consolidar el autoritarismo.
*Periodista y activista social.
