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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El plan de control territorial adelantado desde el ejecutivo, como respuesta según afirma a la violencia desatada por el terrorismo doméstico, muestra ahora su intensión última, claramente evidenciado en las actuales circunstancias: sumisión social a sus particulares intereses.
Y es que, con la excusa de someter a los maleantes organizados que han aterrorizado a la población desde finalizado el conflicto armado, el estado descubre ahora las intenciones ocultas que el plan adelantado detenta: imponer su narrativa a la población en términos electoreros, someter a la disensión política reduciéndola, y por supuesto, acceder a otras fuentes de financiamiento de las cuales hacer uso arbitrario.
Esto último, para la cleptocracia más corrupta que nuestro país ha tenido en las últimas décadas es de capital interés.
Y es que, si algo distingue a las administraciones populistas, es el irrefrenable ánimo de enriquecerse gratuitamente con cualquier excusa, entre las cuales, las emergencias nacionales son muy apetecidas, pues facilita la evasión de los controles legales que el estado detenta.
Así, por ejemplo, el que se haya por mucho superado las capacidades del sistema carcelario, forzando en ella a 17.000 nuevos detenidos de acuerdo a las mismas autoridades de seguridad, la mayoría de los cuales se mantendrá en ésta mínimamente por dos años debido a las medidas legales derivadas del estado de excepción, como que la práctica totalidad de los nuevos internos desconoce su statu jurídico real, a los que intencionadamente se mantendrán así por el mayor tiempo posible, debemos sumar el que la detención de estos como de los que seguirán responde a “una cuota” impuesta a los oficiales de policía, de acuerdo al propio sindicato policial.
Añadamos a la ecuación la violencia que ya se desató en el interior de las cárceles, donde las propias autoridades de seguridad reconocen que al viernes 22 del corriente ya habían sido asesinados por golpizas, 5 personas, muy probablemente por algún ajuste de cuentas, o porque estos sencillamente no eran parte de las estructuras perseguidas por las autoridades.
Como sea, el caso es que no solo las capacidades del sistema se han superado como que es incapaz de reinsertar a la tal población detenida, y, en consecuencia, que la respuesta estatal a la violencia a través de la violencia institucionalizada, no sólo no es la correcta, pero además es un sonoro fracaso que se agravará en el tiempo, conforme los detenidos sean liberados, y los que lo fueran de manera injusta, se sumen por indignación y revanchismo a las estructuras que ahora se procura reprimir.
¿Por qué?
Porque la violencia jamás ha resuelto ninguna problemática social pues es síntoma de la enfermedad, que en nuestro caso es la injusticia y la exclusión, y que el estado salvadoreño abraza defendiéndolas.
Reprimiendo pues se reditúa tanto política como electoralmente, sumándose los elementos más ignotos y fanáticos de la sociedad.
No es la violencia institucionalizada la que resolverá los males históricos que padecemos, sino su abordaje integrador, admitiendo sus orígenes estructurales, como dándoles el debido manejo también integrador y sostenido.
