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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La fotografía capta un momento de la celebración del cumpleaños de José Alexander Canjura Crespín, a la que Idalia se aferra y entre lágrimas explica, la desaparición de su hijo el 20 de agosto de 2021, cuando salió de trabajar y no volvió al hogar que comparten en Zaragoza, La Libertad.
“Aquí sólo estoy esperando una respuesta (Fiscalía), mi hijo salió hacia San Miguel a descargar mercadería de la empresa en que trabajaba, cuando venían de regreso los cipotes que fueron con él regresaron a la empresa, pero mi hijo no. Ellos dicen, que se bajó en San Martín, que iba para donde la mamá de su hija, pero no lo creo”, acotó Idalia.
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Mi hijo tenía una rutina: iba a su trabajo y volvía a la casa. Cuando visitaba a la niña íbamos siempre juntos -porque ella vive en Ciudad Arce- (La Libertad) por eso no creo que se bajara en San Martín, eran las 5 de la tarde, era muy lejos. El proceso de él me lo llevan allá en San Martín, la Fiscalía, dicen que han investigado pero no lo creo, llegué cuando tenía dos días de desparecido pidiendo que me ayudaran, pero ya cumplió dos años”, expresó Idalia.
Las dudas le asaltan en la búsqueda de su hijo José Alexander, al compartir que en una ocasión sacaron fotografías en Facebook, de jóvenes capturados y vio un rostro parecido al de su hijo. No obstante, recela de su propia mente “ la imagen era igual pero como dicen hay tantos rostros parecidos. Yo sólo espero encontrarlo y volver a ser feliz, porque perdí a mi niña de 12 años, cuando fue arrollada por un automóvil el 26 de agosto, 6 días después que él desapareció”, expresó Idalia.
El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, integrado por : Alerta Raquel, ASDEHU, CRISTOSALl, DPLF, FESPAD, IDHUCA, ORMUSA Y SSPAS, inauguraron el Seminario Internacional “Memoria y Verdad: Búsqueda y Justicia ante las Desapariciones”, en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a conmemorarse el próximo 30 de agosto.
Entre el 9 y de 10 de agosto, el seminario realizará análisis, intercambios de experiencias y sensibilización sobre los diferentes sectores sociales en el derecho de búsqueda integral y el impacto en las mujeres, atendiendo la grave violación a los derechos humanos que encarna la desaparición forzada.
El seminario incluyó la presentación del “Estudio la Ruta Crítica de las Mujeres que buscan a sus Personas Desaparecidas”, de la investigadora social Jeannette Aguilar, quien abordó la complejidad, incertidumbre y afectación familiar. Y que en la mayoría de casos es asumida por las mujeres: madres, esposas, hermanas, compañeras de vida, hijas, así como otros miembro del grupo familiar.
Para Jeannette Agular, la desaparición de personas es uno de los “delitos de mayor gravedad” y complicación que ha afectado a la población salvadoreña en las últimas dos décadas, al comentar en su ponencia sobre hallazgos y reflexiones de la investigación.
“Las formas contemporáneas de desaparición y sus crueles prácticas, la diversidad de agentes que participan en estos desdeñables hechos, junto a sus diversos y perversos usos -entre ellos- su utilización como mecanismos para ocultar muertes y obtener rentabilidad electoral, son un reflejo de las formas en que la violencia extrema se ha instalado estructuralmente en la sociedad salvadoreña”, expresó.
“La falta de registros oficiales sistemáticos integrados y confiables de las víctimas directas, junto a la indolencia de todos los gobiernos para reconocer y enfrentar la gravedad y complejidad de este atroz crimen, no permiten contar con una estimación certera de las víctimas, las familias y comunidades afectadas en el período de postguerra”, señaló Aguilar.
Asimismo, afirmó, que tal situación ha provocado una reasignación de roles de las mujeres no sólo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, quienes al enfrentar la indiferencia de las autoridades en la investigación y búsqueda de sus familiares, se convierten en “buscadoras”, y lideran, junto a organizaciones de derechos humanos, “rutas de búsqueda” para dar con el paradero de sus familiares.
Igualmente, consideró un desafío el trascender la atención de la problemática a la “dimensión cuantitativa” al afirmar que debe existir un “reconocimiento social de la pérdida de estas personas” en sus grupos familiares. Y la necesidad de un abordaje integral frente a las necesidades de quienes buscan a sus seres queridos.
En otros datos aportados por las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo, dan cuenta que en El Salvador, según una estimación derivada del uso de diferentes fuentes, el total de casos de personas desaparecidas entre 2019 a junio de 2022 ronda las 6 mil 443 personas, de los cuales, los casos activos son 2 mil 397 (37.20%) del total de casos.
Mientras, entre el año 2021 a 2022, los avisos por desaparición se incrementaron en un 18.9%, más que en el 2020 . La cifra fue mayor para mujeres (26.2%) y hombres (28.2%) respecto al primer trimestre de 2022, que reportó 103 casos (INFOSEGURA/USAID-PNUD 2023). Y para el segundo semestre de 2022 y los siete meses del presente año, no les fue posible determinar la cifra de casos por la “política de Gobierno” de no rendir información o estadísticas públicas sobre los casos de desaparición.
Henry Fino, director de FESPAD, afirmó que el primer objetivo del Seminario Internacional era presentar la “experiencia salvadoreña”, y lamentó que el Estado salvadoreño no haya asumido esa tarea de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, al citar la investigación de Jeannette Aguilar.
“No podemos conformarnos con la búsqueda y encontrar a la víctima, si no sabemos ¿quién es el responsable? Esa es otra senda de nuestra ruta y que debe asumir el Estado y hay competencias claramente definidas, entonces, creo que es importante señalar, visibilizar ese problema en razón de que hay familiares detrás de cada uno de los desaparecidas, detrás de esas víctimas”, argumentó.
“Estamos ahora con una nueva categoría desde hace aproximadamente 18 meses, y hasta que no concluya este régimen de excepción, no vamos a conocer el número exacto de estos casos. Porque en este momento podemos tener datos temporales y de repente aparece en un centro penal procesado un desaparecido, pero hasta que no lo levanten el régimen, no tendremos un dato final de las desapariciones“, reiteró Fino.
Zayra Navas, de CRISTOSAL, recalcó sobre la violación a los derechos de las personas detenidas, alegando que muchos familiares desconocen el paradero de las personas detenidas, a dónde se lo llevaron o qué delito le atribuyen para su detención.
“Este tipo de detenciones también son desapariciones, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte -IDH) , en su opinión consultiva que emitió en mayo 2023. La Corte fue muy clara en establecer las obligaciones estatales con respecto a las personas que son privadas de libertad por agentes estatales y estableció que se tratan de desapariciones de corta duración aquellas que privan de libertad a alguna persona y no se les da respuesta”, explicó.
“Esto es muy frecuente, claro, el número no lo tenemos estimado o el dato exacto, y esto se da porque muchas de las familias no tienen recursos para acudir a organizaciones de sociedad civil a interponer su denuncia”, reiteró Navas.
Asimismo, criticó de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una atención a la denuncia, sin registrar casos individuales y sólo ha abierto expedientes generales, para no dar resoluciones individuales.
“Es muy grave que en El Salvador sigan ocurriendo desapariciones y que el número de desapariciones se incremente ahora con agentes del Estado, esto lo vimos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992), y la falta de información por parte de las autoridades penitenciarias genera responsabilidad directa tanto del director Osiris Luna, como del ministro de Seguridad (Gustavo) Villatoro y el presidente de la república (Nayib Bukele”, reafirmó.
En cuanto a la función de las autoridades del país, Navas lamentó que los familiares y organizaciones que les acompañan, son presionadas a presentar las pruebas de estos señalamientos cuando es la institucionalidad la que debe investigar de oficio, como la Fiscalía General de la República.
“Parece que aquí las autoridades quieren invertir los roles y demandan que las organizaciones sociales que captamos denuncias y atendemos a las víctimas, haciendo lo que no hace la Dirección de Protección a Víctimas, o la PDDH, de brindar apoyo psicosocial o acompañamiento jurídico, pareciera que las autoridades esperan que nosotros hagamos las investigaciones penales”, puntualizó Navas.
