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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Centenares de familias sufren la ausencia de sus seres queridos, capturados en el marco del régimen de excepción; a los reclamos legítimos expresados de distinta manera, incluso frente a Casa Presidencial, funcionarios responden con más amenazas.
Es una espiral que crece y se origina en el discurso de odio y el análisis electoral de las fuerzas gobernantes, en la creencia de que es la mejor manera de maniatar a opositores, crear temor en segmentos importantes de la sociedad para nmovilizarlos.
Esa espiral viola los derechos humanos de miles de ciudadanos, ignora las garantías propias del estado de derecho y, por supuesto, anula en la práctica las funciones naturales que las leyes determinan para las instituciones, cualquiera sea su nivel e importancia, incluso al sistema judicial.
En ese marco, funcionarios como el ministro de defensa hace gala de discurso y posiciones políticas que, según la Constitución y la ley vigente, son impropias de dicho funcionario; en la policía se hacen evidentes las contradicciones e incluso algunos agentes se convierten en víctimas del mencionado régimen de excepción.
La sujeción al orden internacional, del cual El Salvador es parte, desde antes que se constituyera la Organización de las Naciones Unidas (ONU), termina siendo objeto de burla por parte de los funcionarios gubernamentales.
Poco a poco las instituciones van siendo formalmente desmanteladas, una de las más recientes fue la DIGESTIC, pues saber cuántos somos, dónde vivimos, cuánto consumimos, cómo están los sectores en la ciudad y el campo, la industria y el comercio, toda información que debe servir para elaborar políticas de Estado, o al menos medidas de gobierno, le es indiferente a estas autoridades.
Todo esto es violencia, no solo la represión a periodistas, medios de comunicación, políticos de oposición o a quienes digan algo molesto al gobierno y sus lacayos. Violencia verbal de funcionarios de manera directa en la Asamblea Legislativa contra quienes les reclaman su desvergüenza a la hora de convertir en leyes los caprichos y órdenes que les llegan de Casa Presidencial.
Violencia de la más cruel es la de saber que un pariente está enterrado en una fosa común, después de ser capturado, y por vecinos y familiares saber que es inocente, que fue uno más de la cuota del día que les imponen a soldados y policías; violencia es la que padecen vecinos de centros penales cuando en la noche escuchan gritos, al menos eso cuentan a voz baja con temor.
Bajo temor viven los que saben que sus jefes disfrutan haciendo y comunicando la lista a despedir cada viernes en lo que antes fue la casa del pueblo, a la que ahora les está prohibido llegar a protestar, a presentar reclamos o iniciativas, por las cuales las diputadas que las acompañan se convierten en blanco de fanáticos del régimen, incurriendo en violación a la ley para una vida libre de violencia contra las mujeres.
Esto es lo que ocurrió recientemente en los ataques de un fanático contra las diputadas Marlene Funes, Anabel Belloso del FMLN y de la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS.
Con suficiente anticipación, autoridades religiosas han advertido que todo esto constituye una bomba de tiempo, y las bombas de tiempo no debieran existir en este país que pagó con tanto sufrimiento la conquista de democracia.
Si se pudiera hacer justicia contra cada acto de violencia, contra cada arbitrariedad, ni los jueces impuestos y atemorizados, ni varios sistemas judiciales serían suficientes, por eso el llamado a despertar conciencia en el pueblo, para no convertir en broma o indiferencia lo que pasa, es un llamado justo.
Estos llamados se van tornando cada vez más coherentes, en la medida que se convierten también en propuestas para dar cabida, en la mente de los salvadoreños, que las cosas pueden hacerse de otra manera. Que merecemos un gobierno que respete a la ciudadanía toda, independientemente de si votaron o no, de si votaron por sus partidos o por otros; el respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, ambientales debemos recuperarlos.
Por eso esta reflexión es una forma de unirme a esos llamados a recuperar nuestro país, a dejar de alimentar con la violencia institucional una bomba de tiempo, a articular y unir a todos quienes aspiramos a un país donde se respete al ser humano y trabajemos unidos por su recuperación.
Me solidarizo contra todas las personas, familias, comunidades, funcionarias, que son y han sido objeto directo de esa violencia y me uno a las organizaciones sociales y políticas, que con sus propuestas van contribuyendo a construir una alternativa a este régimen dictatorial.
