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Por Paulina Abramovich/Santiago/AFP
Uno de los 14 exmilitares recientemente condenados -tres de ellos uruguayos- por el crimen del exagente y químico de la dictadura de Augusto Pinochet, troche Eugenio Berríos, sale se suicidó la madrugada de este jueves, a días de iniciar el cumplimiento de su pena de 20 años de cárcel.
El general en retiro del Ejército chileno Hernán Ramírez, condenado por secuestro y conformar una asociación ilícita que perpetró el crimen de Berríos, quien fue hallado muerto en Uruguay en 1995, falleció en el Hospital Militar de Santiago tras dispararse en la cabeza, dijo un parte médico de la institución.
Ramírez ingresó al centro médico a las 01H30 (04H30 GMT), con «una herida de bala craneal» y «dada la gravedad de la herida y pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico que lo atendió, el general (R) falleció a las 03H20 (06H20 GMT)», se informó en el comunicado oficial.
Berríos, exquímico de la temida policía secreta de la dictadura de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), huyó de Chile a Uruguay en octubre de 1991, cuando el régimen ya había terminado y se iniciaban las primeras investigaciones por algunas de las más de 3.200 víctimas que se le atribuyen a la dictadura (1973-1990).
Confabulados con la dictadura chilena para borrar los rastros de sus crímenes, militares uruguayos ayudaron a concretar el asesinato de Berríos, en lo que se cree es uno de los últimos vestigios de la llamada «Operación Cóndor», un plan acordado en la década de los 70 y que unió a las dictaduras militares del Cono Sur para coordinar el exterminio de opositores.
A Berríos se le sindica como el responsable de la fabricación en Chile de los denominados gases sarín, soman y tabun, para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores al régimen.
Tras refugiarse en Uruguay, su cadáver fue hallado en la playa del balneario El Pinar de ese país.
La Corte Suprema de Chile había confirmado el martes la sentencia a 20 años de prisión de Ramírez y a otros 10 exmilitares chilenos, a penas de entre cinco y 20 años. Tres exmilitares uruguayos fueron también condenados en este caso a entre cinco y 15 años de cárcel.
Un químico que sabía mucho
Con la muerte de Berríos se perdió valiosa información acerca del desarrollo de armas químicas durante la dictadura de Pinochet, que hoy la justicia investiga si se pudieron haber usado en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, en 1982, y del poeta comunista y premio Nobel, Pablo Neruda, a pocos días de iniciado el régimen, en septiembre de 1973.
Frei y Neruda murieron en la misma clínica de Santiago. El exmandatario, que se alzaba en esa época como la principal figura de la oposición a Pinochet, murió de una repentina septicemia tras ingresar por una operación rutinaria. La justicia halló rastros tóxicos en los restos del exmandatario.
Neruda, en tanto, murió un día antes de partir a México para iniciar desde allí la oposición internacional a Pinochet. Inicialmente, se informó que murió a raíz del agravamiento de un cáncer, pero un panel de expertos analiza desde 2011 si recibió una inyección que pudo haber acelerado su muerte.
«La figura de Berríos era de extraordinaria importancia para poder esclarecer realmente casos de violación a los derechos humanos ocurridos en la dictadura», dijo a la AFP la abogada Fabiola Letelier, hermana del excanciller chileno Orlando Letelier, asesinado tras el estallido de una bomba adosada a su auto en Washington en 1976.
Cuando Berríos fue citado a declarar en este caso -para el que inicialmente la dictadura planeó un asesinato con armas químicas- se produce su huida a Uruguay.
Por la muerte de Berríos, tres exmilitares uruguayos fueron condenados. Tomás Casella recibió 10 años como autor de secuestro y cinco por conformar una asociación ilícita creada para perpetrar el crimen. Eduardo Radaelli fue condenado a 10 años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita, mientras que Wellington Sarli recibió cinco años como cómplice de secuestro y 60 días por asociación ilícita.
Los oficiales uruguayos llegaron a Chile en abril de 2006 luego de ser extraditados. Todos los condenados debían iniciar en los próximos días el cumplimiento de las condenas en el penal especial para uniformados de Punta Peuco, en las afueras de Santiago.
