“Los sectores más golpeados son salud, maestros, PNC y los trabajadores de las alcaldías, con la política de despidos impulsada por el gobierno”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Unidad Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL) denunció que el gobierno, las transnacionales y empresas salvadoreñas han cometido una serie de violaciones a los derechos laborales y sindicales, las cuales no son hechos aislados, sino una práctica sistemática que se viene profundizando desde el primer mandato presidencial de Nayib Bukele.
Sonia Urrutia, dirigente de UNITRASAL, manifestó que en abril del año 2025 se contabilizaron 54 sindicatos desaparecidos. Esto ocurre por dos razones, una porque les han capturado su junta directivas, las presionan, les meten miedo y la gente renuncia.
La otra razón es porque se anula el centro de trabajo a través de un decreto, muchas empresas están utilizando el miedo, la precariedad y en el contexto de la Ley de Excepción como herramienta de presión, para obligar a los trabajadores a renunciar a sus derechos, aceptar despidos arbitrarios, retenciones salariales, condiciones laborales injustas y guardar silencio frente a los abusos.
“Ninguna situación de emergencia ni ninguna ley puede justificar la violación de derechos laborales, ni la persecución sindical, esto es ilegal injusto y atenta contra la dignidad humana de cada persona, El Salvador tiene obligaciones claras establecidas en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y los convenios internacionales de la OIT”, sostuvo.
Asimismo, dijo que ante dichas vulneraciones el Ministerio de Trabajo ha actuado como un simple observador y en otros casos incentivando el accionar de las patronales, en los empleados públicos el ministro Rolando Castro ha declarado que esa es materia del presidente de la República y él no tiene ningún poder para revertir dicha situación.
Urrutia indicó que en distintos sectores laborales del país se han estado recibiendo denuncias constantes de despidos ilegales, acoso y violencia laboral, persecución política y del personal policial de seguridad en los centros de trabajo, desarticulación de las directivas sindicales.
“En algunos casos se han dado capturas de dirigentes sindicales, afectando de manera particular a mujeres trabajadoras jefas de hogar, bases y dirigentes sindicales en empresas públicas y privadas”, dijo.
“En el sector público hay más de 19,000 trabajadores despedidos a lo largo del año 2025 siendo los trabajadores del sistema de salud más de 7,000 afectados”, agregó.
La dirigente de UNITRASAL exigió el cese inmediato de los despidos ilegales, el fin de la persecución sindical y una actuación efectiva del ministro de Trabajo quien debe actuar como garante de derechos y no como espectador frente a la impunidad laboral; los casos están siendo documentados y serán presentados ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
“Reafirmamos nuestro compromiso de denunciar, acompañar al pueblo trabajador que hoy por hoy está sufriendo estas graves amenazas por parte del Ejecutivo y los empresarios que se están aprovechando del régimen excepción, desde que este gobierno llega el movimiento sindical ha sido asediado y perseguido, muchas juntas directivas han desaparecido”, externó.
La dirigente gremial manifestó que en muchas instituciones públicas y empresas privadas irrespetan gravemente el marco constitucional, la normativa jurídica, accionando arbitrariamente en contra de los derechos de los trabajadores organizados.
Calificó de preocupante la situación en el país, especialmente hoy al inicio del año, donde crece la grave crisis económica, por lo tanto, la única alternativa de la clase trabajadora es organizarse, exigir y denunciar las diferentes vulneraciones a los derechos humanos, laborales y sindicales.
Policía embarazada
El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) denunció que en Armenia, Sonsonate, a la agente Delmy Monterrosa, quien está embarazada, le asignan turno de atención ciudadana de 24 horas.
Sin embargo, por el embarazo el el horario para el personal femenino debe establecerse sólo en horas diurnas, para garantizar el buen desarrollo del bebé, por lo tanto, turnos que implican desvelo son un riesgo para la salud de la madre y el bebé.
“Se le hace el llamado a las autoridades de la PNC y al Ministro de Seguridad para que verifiquen dicha situación y evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores policiales”, recalcó el MTP.
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