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Redacción Nacionales
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó arbitrariamente al joven Roberto Carlos Hernández Castillo, hijo del líder comunitario Luis Alonso Hernández y vocero de UNIDEHC, por el supuesto delito de usurpación del inmueble.
El sábado 21 de febrero, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) denunció la detención arbitraria de Hernández Castillo, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa “de manera falsa” de usurpación de inmueble, en San Luis La Herradura, La Paz.
UNIDEHC señaló que, en este caso, la Comunidad CIDECO en La Herradura, La Paz existen cientos de familias que fueron estafadas con supuestas viviendas para damnificados de los terremotos del 2001 que el Gobierno del presidente Francisco Flores realizó”.
La comunidad mantiene disputas legales desde hace más de una década. La orden de detención contra Castillo fue emitida por un Juzgado de Paz de Santiago Nonualco y esta detención estaría relacionada con el caso. Las familias de la comunidad consideran haber sido víctimas de un fraude en el proceso de adjudicación de las viviendas. Desde 2014 hay denuncias penales en la FGR.
“Hoy por hoy, a pesar de haber denunciado a las familias desde el 2014, la Fiscalía mantiene un proceso de investigación de más de 10 años sin respuesta. Ahora, los que son víctimas de Estafas, les están acusando de usurpación de inmuebles, beneficiando, la fiscalía a la gran empresa”, comentó UNIDEHC en sus redes sociales.
El padre del detenido, Luis Alonso Hernández, explicó en declaraciones a La Prensa Gráfica, que Roberto Carlos Hernández Castillo fue trasladado aproximadamente a las 6:30 de la mañana hacia Zacatecoluca, La Paz, tras ser acusado de usurpación agravada. Explicó que el caso se da luego que las viviendas dentro del proyecto habitacional fueron vendidas por una institución bancaria a terceros, quienes después interpusieron denuncias contra personas que aún residen en los inmuebles.
De momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Policía Nacional Civil han informado de manera pública sobre la detención de Hernández Castillo.
UNIDEHC exigió la libertad del joven y, a la vez, instó a las instituciones del Estado a que paren los abusos contra la población, sobre todo, de aquellas que llevan una lucha social y comunitaria.
La Comunidad CIDECO ha tenido disputas legales respecto a la propiedad de las viviendas desde hace varios años; en 2014, los habitantes presentaron un aviso penal contra tres ex fiscales generales por supuesto incumplimiento de deberes, el argumento fue la falta de investigación en las denuncias presentadas con anterioridad.
Los habitantes afectados han informado de posibles desalojos y conflictos derivados de procesos hipotecarios relacionados con el proyecto habitacional que se impulso tras los terremotos de 2021. Hace tres años, se informó que varias familias podrían enfrentar desalojos tras los litigios sobre la titularidad de dichos inmuebles.
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), quien difundió la noticia de la detención del joven, ha sido blanco de ataques por parte del Gobierno, pues tres de sus voceros han sido perseguidos por el aparato estatal; uno de ellos, Fidel Zavala, se encuentra detenido luego de ser acusado del supuesto delito de usurpación de inmueble, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, y limitación ilegal a la circulación. Además, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas, relacionado a las pandillas.
Además, Ivania Cruz y Rudy Joya, ambos voceros de UNIDEHC, se encuentran en exilio forzoso desde hace más de un año en el País Vasco, España, luego que ambos abandonaron El Salvador tras que una jueza ordenara su captura bajo el señalamiento de pertenecer a una supuesta “agrupación criminal”.
