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Redacción Nacionales
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Ivania Cruz, abogada y vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), expresó que es injusta la resolución del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, Jueza 3 de San Salvador, por la prórroga de seis meses más el caso “La Floresta”.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 24 residentes de la comunidad La Floresta, de San Juan Opico, La Libertad, y al vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala, de los supuestos delitos de usurpación de inmueble, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, y limitación ilegal a la circulación. Además, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas, relacionado a las pandillas.
“Esto obviamente se da para dilatar el proceso y una vez más demuestra que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes, que no le bastan seis meses para lo que tanto han tildado de una supuesta culpabilidad de delitos que no existen, de un caso que ha sido fabricado por la Fiscalía de Bukele”, expresó la defensora de Derechos Humanos en el exilio.
Actualmente, “Fidel Zavala sigue estando en riesgo por ser la persona que denunció las torturas y la corrupción en las cárceles de Bukele”, agregó Cruz.
La abogada y defensora de los Derechos Humanos, recordó que las relatorías de la ONU han emitido una serie de observaciones donde le piden al gobierno de Bukele explique sobre el caso de UNIDEHC y qué garantías hay de los derechos de sus integrantes; así como de la detención de Zavala y su situación no solo jurídica, sino también de su integridad física.
Cruz dijo que toda la persecución política del “régimen de Bukele” no solamente conlleva a las personas quienes están en el país por la defensa de los humanos de la población salvadoreña, sino para los exiliados.
La fiscalía solicitó a la Interpol una alerta roja en contra de Rudy Joya e Ivania Cruz, ambos abogados de UNIDEHC, a fin de ser extraditados porque ellos actualmente están exiliados en España.
“Dicha notificación llegó en el mes de agosto a España y fuimos presentados voluntariamente para resolver la situación, Rudy Joya y mi persona, hemos solicitado asilo en España y por garantías en instrumentos internacionales tenemos un trámite abierto, que nos protegen dichas medidas a nivel internacional, pero no basta simplemente con esas acciones, el Tribunal y la Fiscalía insisten en seguir con un proceso de extradición”, sostuvo.
Cruz enfatizó que como abogados de UNIDEHC están trabajando de primera línea la eliminación de la alerta roja en contra de ellos, gracias al acompañamiento de diferentes organizaciones y grupos políticos, como el Colegio de Abogacía de Madrid, donde se trabaja esa solicitud, porque el caso es debido a motivaciones políticas, al denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Bukele.
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