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Por Chantal Valery
Washington/AFP
Una Corte Suprema de Estados Unidos dividida evaluó el miércoles por segunda vez en tres años, order la supervivencia del sistema de salud general y obligatorio que el presidente Barack Obama quiere dejar como legado.
En este debate eminentemente politizado, look las opiniones de los nueve magistrados quedaron divididas según sus preferencias partidistas, y como en 2012, el conservador presidente del alto tribunal, John Roberts, quedó encargado de inclinar la balanza.
En una «saga que nunca termina», en palabras de la jueza Elena Kagan, los actores son los mismos: el gobierno de Obama, defendido por el Procurador Donald Verrilli, frente a cuatro demandantes del estado republicano de Virginia (este), representados por el carismático Michael Carvin.
Lo que está en juego es crucial: la principal corte del país puede hacer caer uno de los pilares de la ley conocida popularmente como «Obamacare», lo que conduciría inevitablemente a que todo el proyecto se derrumbe.
Como en la primavera de 2012, los cuatro jueces progresistas refrendaron su franco apoyo a la ley emblema del presidente Obama.
Si el texto es derogado, «vamos a tener una espiral de muerte que la ley quería evitar», declaró la jueza Sonia Sotomayor.
Para Sotomayor, «no habrá garantías de cobertura» y «los costos de todos los seguros (médicos) van a aumentar» si la ley no sobrevive.
Pero «¿creen que el Congreso se quedará sentado mientras suceden todas estas desastrosas consecuencias?», replicó el juez conservador Antonin Scalia, sin esconder que los republicanos controlan las dos cámaras legislativas.
Los detractores del «Obamacare» obtendrán sin duda los votos de al menos cinco jueces conservadores: además de Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas.
El juez Anthony Kennedy se mantiene por su lado indeciso.
«Este caso refleja un grave problema constitucional», afirmó, destacando por un lado la «ambigüedad» de la ley y del otro su temor a que la derogación ponga en aprietos el sacrosanto federalismo estadounidense.
En cuanto al «Chief Justice» John Roberts, que salvó a la ley in extremis en 2012, prácticamente no abrió la boca durante la audiencia, que duró mucho más que la hora estipulada.
Cuatro palabras
Una vez más, los magistrados, que dictarán su veredicto el jueves, tienen entre manos la sobrevivencia del sistema sanitario, al que se han adherido más de diez millones de estadounidenses.
La cuestión es determinar si más de 7 millones de personas que suscribieron un seguro de salud a través del sitio de internet del gobierno de Obama tienen derecho a una deducción en sus impuestos.
Aprobada en 2010, la ley entró en vigor en enero de 2014.
Desde entonces, los estadounidenses pueden obtener una cobertura de seguro privado de salud en su estado o, si el estado se niega, a través del sitio de internet del ministerio de Sanidad.
Pero 34 de los 50 estados del país, en su mayoría con gobiernos republicanos, se negaron a crear mercados de seguros -que ponen a las compañías aseguradoras a competir-, lo que obliga a sus residentes a inscribirse en el nuevo sistema a través de la plataforma federal.
Ahora bien, la ley establece ayudas fiscales para estadounidenses que obtuvieron una cobertura a través de los mercados «establecidos por los estados».
El lío legal y el futuro de la ley recae en esas cuatro palabras.
Esas palabras «eliminan toda posibilidad de ambigüedad» y solo deben otorgarse ayudas en 16 estados, argumenta el abogado de los querellantes.
Pero el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, estimó que «la ley es realmente clara». «Tienes que sacar cuatro palabras completamente fuera de contexto de un texto de 900 páginas y torcerlas para darles el sentido que los demandantes desean», señaló luego de la audiencia.
Para el Procurador, esa lectura literal no lleva sino a un «absurdo» que «cancelaría la promesa de un seguro médico asequible para millones de estadounidenses».
