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Por Leonel Herrera*
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó esta semana a las elecciones de 2024, que serán las más fraudulentas de la historia democrática del país. La magistrada presidenta Dora Martínez ofreció elecciones “transparentes, modernas y confiables” que respetarán la “libre, voluntaria y soberana decisión del pueblo”. Pero nada más alejado de la realidad.
El principal elemento de fraude será, sin duda, la inconstitucional reelección presidencial. Como sabemos, seis artículos de nuestra carta magna impiden que el actual presidente busque un segundo mandato consecutivo: art. 75 (pierde los derechos ciudadanos quien promueva la reelección presidencial), art. 88 (es obligatoria la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la república), art. 131 (la Asamblea Legislativa debe destituir al presidente si permanece en el cargo después de terminado su mandato), 152 (no puede ser candidato presidencial el presidente actual) y 154 (el período presidencial dura cinco años y el presidente no puede quedarse ni un días más).
A éstos se suma el célebre artículo 87 que habilita al pueblo a insurreccionarse cuando el orden constitucional haya sido alternado; y la reelección presidencial es una grave una alteración de orden constitucional que amerita ejercer el derecho a la insurrección popular.
Luego está el conjunto de reformas legales realizadas para delimitar la cancha electoral a favor del oficialismo: voto electrónico, reducción del número de diputados, concentración del voto del exterior en el departamento de San Salvador, reducción de los municipios, etc.
A éstas se agrega la reforma que eliminó la prohibición de modificar las reglas electorales a menos de un año de los comicios. Esto significa que el oficialismo todavía podrá seguir cambiando la ley electoral a la medida de sus intereses, necesidades y cálculos políticos.
El otro factor de fraude tiene que ver con la falta de independencia del propio Tribunal Supremo Electoral que se expresa claramente en su anunciada decisión de admitir la candidatura inconstitucional del presidente, argumentando que “las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento”, como si la actual Sala fuera legítima y como si ésta puede emitir resoluciones que violen la constitución.
El TSE también está señalado por no frenar la campaña adelantada, inscribir partidos afines al oficialismo sin cumplir los requisitos, cometer irregularidades en la contratación de la empresa responsable de la transmisión de los resultados electorales y otras anomalías.
Finalmente, un detalle no menor: la organización de los comicios colocando en la misma fecha la elección presidencial y las legislativas, con el claro propósito de que la popularidad del inconstitucional candidato presidente tenga “efecto de arrastre” y favorezca a los impresentables candidatos a diputados del partido oficial.
A todos estos elementos fraudulentos se suma la falta de institucionalidad más allá del TSE. Fiscalía, Policía, Sala de lo Constitucional y otras instancias que podrían intervenir en el proceso electoral están totalmente cooptadas y controladas por el oficialismo. Además, el uso ilegal de los recursos públicos y el enorme aparato de propaganda gubernamental en favor del oficialismo.
Así que esta semana el TSE dio el banderillazo de salida a las elecciones más fraudulentas de las últimas tres décadas. No digo que las anteriores fueron unas elecciones libres, transparentes y justas; pero las de febrero y marzo de 2024 no tendrán comparación.
*Periodista y activista social.
