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Sann José/AFP
La Sala Constitucional de Costa Rica anuló una reforma al código procesal laboral, ampoule propinando un duro revés al presidente Luis Guillermo Solís, quien en diciembre de 2014 levantó un veto ejecutivo que pesaba sobre la normativa.
El máximo tribunal del país estableció que la decisión del mandatario no se apoyaba en ninguna disposición constitucional por lo que resulta «improcedente», según un comunicado difundido por la oficina de prensa del Poder Judicial.
Considerada por los sindicatos y algunos sectores políticos como el cambio más importante en materia laboral de las últimas seis décadas en el país, la reforma fue aprobada por el Congreso en 2013, pero vetada semanas después por la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
Siete meses después de asumir el cargo, el presidente Solís levantó el veto, sorteando los ataques de las cámaras empresariales y de los partidos opositores de derecha.
La legislación anulada protegía a los trabajadores contra despidos abusivos, descongestionaba los estrados judiciales laborales y garantizaba el funcionamiento de servicios esenciales en caso de huelga.
Además, garantizaba asistencia legal gratuita a los asalariados de menores ingresos, así como a los trabajadores menores de edad.
Para la dirigencia sindical, la reforma del código procesal laboral representaba el avance más importante en lo relativo a los derechos de los trabajadores desde la promulgación del Código de Trabajo, en la década de 1940.
Sin embargo, los opositores a la iniciativa argumentaron que la legislación entregaba un «cheque en blanco» a los sindicatos para que utilizaran indiscriminadamente la huelga en servicios públicos esenciales.
El gobierno emitió un comunicado en el que afirma que es respetuoso de las resoluciones de los tribunales y acatará el fallo de la Sala Constitucional.
El Poder Ejecutivo «enviará de nuevo el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa (Congreso) para continuar el trámite correspondiente», agregó el comunicado.
