Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Es obligación constitucional del órgano ejecutivo rendir informe de la gestión realizada cada año, al pueblo a través de la Asamblea Legislativa. ¿Cumplió ese mandato el presidente Nayib Bukele el pasado 1 de junio? Para muchos no lo hizo.
Esto es preocupante, porque después del presidente deben hacerlo todos los ministros y demás dependencias, y si el presidente no cumple, los demás funcionarios de su gobierno pueden verse sentirse respaldado para incumplir también.
La rendición de cuentas cada año ocurre como consecuencia de la división de poderes en un Estado democrático, y la independencia de poderes se ha perdido a partir de que el presidente de la República convirtió a la Asamblea Legislativa y al órgano judicial en oficinas que despachan sus decisiones.
Por eso el 1 de junio, en lugar de un informe presidencial a la nación, fuimos obligados a ver en cadena nacional un encuentro de la familia presidencial y algunos invitados del cuerpo diplomático.
El discurso que allí se pronunció solo tuvo la repetición simbólica de ritos, como ubicar a los invitados, a los funcionarios y a la barra que debía repetir el más vehemente de los deseos del presidente y su grupo gobernante: REELECCIÓN.
Es la confirmación de la destrucción del Estado constitucional de derecho, es como presenciar la celebración de una fiesta entre quienes ven en la Carta Magna un simple librito azul, al que hay que tener de adorno, como un cuerpo dormido esperando que el pueblo lo despierte y lo haga cumplir algún día.
Así, es como no tener Constitución, ni preocuparse por tenerla, pues hasta de reforma dejaron de hablar cuando la Sala de lo Constitucional, impuesta el 1 de mayo del año pasado, que usurpo a la legal y legítima, resolvió que el actual presidente puede postularse a la reelección y el Tribunal Supremo Electoral lo aceptó: si se presenta lo inscriben como candidato en el 2024.
Pareciera no importar que la Constitución afirme categóricamente que está prohibida la reelección presidencial, y que mandate que el presidente que termina sus 5 años de gestión no debe permanecer ni un día más en ese cargo.
Dicho lo anterior, es fácil concluir que toda actividad del gobierno está destinada a propagandizar la reelección y la fiesta de la noche del primero de junio pasado no fue la excepción.
El articulo 88 de la Carta Magna dice literalmente: “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. Eso si se lee y se cumple la Constitución, pero el régimen ha cambiado indudablemente y ahora las normas las dicta el que tiene el “poder”.
Se dio golpe de estado a la Asamblea en el primer año, se anunció una nueva Constitución en el segundo año y se proclama la perpetuidad en el cargo en el tercer año. Eso no es democracia ni es constitucional.
El efecto o precio lo pagamos todos, en perdidas de derechos, garantías, en persecución política, en mordaza a los periodistas, en costosa propaganda y en desprotección del Estado frente a los problemas acuciantes de la vida cotidiana, como la perdida de recursos hídricos por la voracidad de empresarios y permisibilidad de los gobernantes, e alto costo de la vida, en deuda que pagarán nuestros hijos, nietos y bisnietos, en fuga de seres humanos de toda condición social, en inseguridad, en capturas masivas, en fin, en tragedia humana e hipnosis colectiva por la propaganda oficial.
Pero esa soberbia que acompaña este tipo de regímenes políticos lleva el germen de su finalización, como lo dice en su poema Bertolt Brecht en su oda a la dialéctica: “lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados”.
No hay silencio y aceptación absoluta de esta realidad, hay cambio en la conducta de muchos que se sentían obligados con aquel juramento del 1 de junio de 2019, de respaldar todo lo que el presidente hiciera.
Es insuficiente para producir un cambio aún, pero ha venido creciendo la desaprobación de tanto abuso gubernamental, de la concentración de poder.
Y cada vez muchos más ven hacia el pasado más fresco, de promesas incumplidas, de aumentar el FODES, de pagar salario mejor a los policías, de crear universidades en los departamentos, de eliminar la corrupción, de asegurar empleo y tantas promesas que creyeron quienes votaron por Gana y luego por Nuevas Ideas, para darle poder al presidente el suficiente respaldo. Muchos hoy guardan prisión, son despedidos, se quedan sin salario, sin indemnización, sin pensión.
Esa realidad prometida no llegó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa el 1 de junio pasado, pero existe y, junto a esos hechos, vendrá sin duda un poco de reflexión que aumente la desaprobación de vivir en dictadura. Algún día hablarán suficientes voces para regresar, no al pasado, sino al futuro con división de poderes y democracia. A despertar pues, la Constitución debe ser respetada y hacerla cumplir.
