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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Concertación Feminista Prudencia Ayala manifestó que los planes de seguridad en el país deben contar con un enfoque de género en todas sus manifestaciones, señalamiento que han venido reiterando desde años atrás, ante la situación de violencia que impacta a las mujeres en el territorio nacional.
En el Día Internacional de la Mujer, la Concertación Feminista Prudencia Ayala, expresó su preocupación por la situación económica, social y cultural en la que viven las mujeres en el país, que se agrava por la situación del Covid-19, que las vulnera en el desarrollo de sus proyectos de vidas.
El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres de ORMUSA, que integra este colectivo de organizaciones feministas presentó su registro del año 2021, que dejó 132 feminicidios, 6,086 casos de violencia sexual, a los que se suman 707 denuncias de mujeres desaparecidas y mujeres privadas de libertad (ene-sept.2021).
En cuanto a los casos de mujeres lesionadas se reportaron 7,453 denuncias; 1,161 por violencia intrafamiliar, con un total global de 15, 538 casos de diversas agresiones, las estadísticas consultadas son de la Fiscalía General de la República, que tiene el monopolio de la investigación en el país.
El Observatorio de Violencia de Género de ORMUSA reitera que con estas estadísticas de la Fiscalía, de los 15, 538 denuncias, se deduce que son 43 casos diarios, que se traduce en una inseguridad social permanente.
“Al analizar los datos de homicidios, en general, es evidente la reducción en homicidios de hombres, no es así para las mujeres, lo cual demuestra que los planes de seguridad no están dando los mismos resultados para reducir la violencia contra las mujeres”, dijo.
“Lo que se puede demostrar con los datos de feminicidios, 132 en el año 2021 y 131 para el año 2020. La violencia sexual que llega a los 6,085 y las mujeres desaparecidas que llegó hasta septiembre de 2021 rasó los 707 casos; y nos preocupa mucho más, que de esos 132 casos, 17 fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas”, reiteró.
En la esfera laboral, la Concertación Feminista citó la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2020, que revela que la Población Económicamente Inactiva (PEI), que suma el 1, 327 834 , un tercio de la población, en donde la tasa de población de mujeres sin empleo es del 75.1 y para los hombres 24.9, que más de un millón que las personas que por alguna razón no tienen empleo o trabajo remunerado son mujeres. De la misma encuesta se identificó que el 66% de las mujeres dijo que no contaba con trabajo por los quehaceres domésticos.
“La Encuesta (DIGESTYC) para 2020, dice que, en cuanto a la población ocupada o que posee empleo, por cada 100 hombres ocupados, 55 están en el sector formal y 45 en el informal. Y lo contrario para las mujeres que por cada 100 mujeres 46 trabajan en el sector formal y 54 en el informal para el área urbana en ambos casos”, indicaron.
Al comparar los datos entre los años 2019 y 2020, detallan, en el caso de las mujeres, que los datos casi no han variado, y las razones son las mismas, ante la falta de acceso al empleo remunerado “por dedicarse diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados “, que es el triple de tiempo que dedican los hombres a las mismas tareas.
La Concertación Feminista retomó, además, la advertencia de la pandemia Covid-19, presentada por la CEPAL en su informe, en donde destaca la profundización de la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe (2020), en donde señaló que “era importante que el tiempo de las mujeres no se convierta, como ha sucedido a lo largo de la historia en una factor de ajustes, del que los Estados disponen para afrontar la crisis y los nuevos escenarios económicos”, según el informe CEPAL.
Para la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” la situación actual que viven las mujeres en el país, debe ser coordinada entre las diversas instituciones del Estado y recalcaron su preocupación por las recientes declaraciones de las diputadas del partido oficial Nuevas Ideas, que con un discurso crítico sobre la eficacia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), buscan un retroceso en la defensa de los derechos de la mujer, por lo que proponen al Estado salvadoreño la “urgencia” de contar con programas y acciones gubernamentales que sitúen en la agenda pública y social, la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado.
Asimismo, considerar y plantear acciones desde los tres órganos del Estado, que movilice la conciencia social para denunciar, auxiliar o prevenir hechos de violencia, mostrando el rechazo y ninguna posibilidad de tolerancia o justificación de la violencia pública y al interior de las familias.
“Se deben impulsar acciones que contribuyan a eliminar la desigualdad y misoginia que está a la base de la violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones y ámbitos”, dijo.
“Porque la violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios que en su mayoría quedan en la impunidad, denotan la fragilidad de la justicia de género en el país, la cual pasa por seguir cuestionando, como ciudadanía y como Estado la debilidad institucional matizada por el poder oculto que subyace en la construcción machista y misógina del funcionariado, producto de una sociedad patriarcal”, manifestó.
En cuanto al órgano Ejecutivo, se exigió transversalizar el “enfoque de género”, con el fin de que las políticas económicas se dirijan a programas de asistencia a mujeres, y especialmente impulsar el empleo formal garantizando los derechos laborales de las mujeres.
“Se debe fortalecer al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y los mecanismos de implementación creados por la Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, reafirmó.
