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Redacción Nacionales
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La abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, denunció que el sistema carcelario de El Salvador tiene por lo menos hasta esta fecha 454 víctimas mortales durante el régimen de excepción, esta cifra documentada es de personas que no tuvieron derecho a una segunda audiencia y se quedaron en fase inicial del proceso. El 50% de los muertos fue de forma violenta, mientras que, el 33% por negación de tratamiento médico.
Escobar sostuvo que el 94% de las víctimas fallecidas en las cárceles no tenían ningún tipo de antecedente penal, tampoco estaban ligadas a estructuras criminales en ningún nivel, era gente inocente que vivían en comunidades estigmatizadas, pero, además, controladas en ese momento por el fenómeno de las pandillas, tanto militares como policías los capturaron por hacer número debido a las cuotas de detenidos.
“Hay un 6% de personas perfiladas, es decir, tenían antecedentes penales, algún tatuaje alusivo a las pandillas, entre otros, este 94% perdió su vida sin tener derecho a que se les declarara culpables o inocentes en una fase inicial, no eran criminales, ni colaborador obligado o voluntario, ni mucho menos cabecillas”, aseguró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
La abogado, en el exilio, dijo que el presidente de la República, Nayib Bukele, no asistió a la reunión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque El Salvador está muy señalado en el grupo de trabajo del Sistema Universal de Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos y constantemente cuestionan al gobierno sobre las denuncias de las organizaciones sobre las detenciones arbitrarias masivas, desaparición forzadas, muertes extrajudiciales, tratos crueles inhumanos y degradantes.
A esto se suma el informe de Human Rights Watch y Cristosal, organizados con la Asociación de Robert F. Kennedy que lleva el caso de venezolanos enviados al CECOT, quienes no solo reportan vapuleos, golpes, tratos crueles inhumanos y degradantes, sino también violaciones de parte de los custodios.
“El Estatuto de Roma, que está vigente, dice que el Estado no puede asesinar, detener máximamente gente inocente de manera prolongada, desaparecer justamente a la gente y es todo exactamente lo que el Estado está haciendo actualmente, y eso tiene una consecuencia penal internacional”, recalcó la directora del SJH.
Asimismo, indicó que el régimen de excepción lo están utilizando como control social, desde los Acuerdos de Paz la población no había acudido a un proceso electoral bajo un régimen de excepción como ocurrió en 2024.
Escobar externó que, desde abril de 2025 a esta fecha, ha ocurrido una escalada represiva para aquellos defensores y defensoras quienes han denunciado no solamente las graves violaciones a derechos humanos, contra la población inocente de manera sistemática en estos 42 meses del régimen, sino que también la corrupción de la cual toma ventaja el gobierno porque toda la información está en reserva.
Enfatizó que entre las capturas arbitrarias está la del abogado Alejandro Henríquez y el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes en tan pocos meses de detención se les ve desmejorado en su salud, otros presos políticos como Atilio Montalvo que casi se muere en el interior de la cárcel, pero lo sacaron a tiempo.
Escobar se encuentra en México, en calidad de refugiada, debido a la persecución política por su trabajo en la defensa de derechos humanos, está pronto a obtener la residencia permanente en ese país.
