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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La sentencia de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) despertó diversas reacciones entre los diputados de la Asamblea Legislativa.
Las modificaciones aprobadas en julio de 2017 recibieron críticas de diversos sectores que las calificaron como un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Carlos Ruiz, diputado del FMLN, manifestó que la resolución aún no se analiza dentro de la fracción legislativa, la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional es una contramedida que espera garantice el estado de derecho de la ciudadanía.
‘’La Asamblea tomó a bien discutir ese tema en el pasado inmediato, sin embargo, la sala ha emitido unas contramedidas que esperemos que vayan en la dirección de garantizar a la ciudadanía y al Ejecutivo el estado de derecho’’, dijo el legislador.
Para Ruiz, las reformas aprobadas por el congreso salvadoreño en 2017 tenían la finalidad de proteger y garantizar a los ciudadanos que no hayan excesos de parte del Estado.
‘’Es decir, que si alguien obtuvo de manera lícita un bien mueble no hay razón para que este se le confisque al ciudadano, algo que ha ocurrido, ya que se han confiscado propiedades tanto lícitas como ilícitas’’, expresó.
En el mismo sentido, Mario Ponce, del PCN, destaca que la decisión de los magistrados de la CSJ es acertada ya que en el caso de los bienes, ninguno de estos que se haya obtenido de forma ilícita debe ser legalizado como lo contrario en ningún período de tiempo por siempre será fruto de un crimen.
‘’Coincidimos con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya que las reformas hechas a la Ley de Extinción de Dominio debilitaron el proceso de extinguir todos aquellos bienes de origen ilícito’’, expuso el parlamentario.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, dijo que uno de los puntos más importantes de la resolución de los magistrados es que recobra lo relacionado con la imprescriptibilidad de los casos, ya que si un funcionario comete enriquecimiento ilícito podrá ser perseguido e investigado por el mismo sin importar cuando se haya cometido el delito.
‘’Si un funcionario público obtuvo un bien hace veinticinco años de forma ilícita, se le va a aplicar la Ley de Extinción de Dominio y va a ser investigado toda la vida’’, indicó el legislador.
Para el parlamentario lo importante de la resolución de la Sala es que se mantienen los parámetros con los que nació la legislación y se da mayor preponderancia al seguimiento y juzgamiento de los bienes ilícitos.
La sentencia deja sin efecto todas las reformas que el congreso salvadoreño realizó en 2017.
