Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
Los gobernantes autocráticos suelen confundir sus intereses personales, familiares o grupales con los intereses del país. Y esto podría sucederle a Nayib Bukele, quien afirma que la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en 2021 fue necesaria para “salvar al país”.
Ante la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir una demanda contra el Estado salvadoreño por la destitución injustificada, arbitraria e ilegal de dichos magistrados, Bukele respondió que “la única manera de salvar a El Salvador” era “destituir a los jueces corruptos”.
Sin embargo, el tiempo y los hechos han demostrado que los magistrados de la Sala Constitucional no fueron destituidos por “corruptos”, no sólo porque no hubo ningún proceso de investigación contra ellos que terminara en alguna condena por corrupción, sino por el comportamiento sumiso y complaciente de los nuevos magistrados nombrados por el bukelismo.
Todo indica que Bukele necesitaba magistrados que resolvieran favorablemente a sus intereses y propósitos políticos. Especialmente urgía de una Sala que avalara su reelección presidencial prohibida tajantemente por la Constitución de la República.
También necesitaba magistrados que avalaran el régimen de excepción, el excesivo endeudamiento público y que ni en sueño se les ocurriera revertir las decenas de leyes aprobadas por sus diputados y diputadas (Ley Alabí, Ley del Bitcoin, Ley de Minería Metálica, Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Hospitales Públicos, etc.) que contrarían los principios constitucionales.
Además, requería de una Sala que avale las reformas constitucionales que le permiten no rendir cuentas públicas, concentrar todo el poder y perpetuarse en el cargo. Unos magistrados que, entre muchas otras cosas, se hagan del ojo pacho frente a los graves abusos contra personas inocentes, engavetando miles de recursos de hábeas corpus.
Entonces, los hechos y la realidad confirman que Bukele necesitaba nuevos magistrados no para “salvar al país”, sino para salvarse él, es decir para reelegirse inconstitucionalmente, tomar todo el control del aparato estatal y gobernar a su antojo, sin controles y sin ningún contrapeso.
Lo mismo puede decirse del fiscal general. Ahora se sabe que el bukelismo destituyó a Raúl Melara porque la Fiscalía, con apoyo de un equipo de investigadores de varias agencias del gobierno estadounidense conocido como “Vulcan”, investigaba las negociaciones y pactos del gobierno de Bukele con las principales pandillas del país.
La Fiscalía también investigaba 25 casos de posible corrupción con asesoría de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la instancia creada por Bukele y cerrada por él mismo cuando ésta comenzó a investigar la corrupción de su gobierno.
Estas investigaciones fueron detenidas con la llegada del nuevo fiscal Rodolfo Delgado, afín al oficialismo. Así lo denunció German Arriaza, uno de los fiscales que dirigían dichas indagaciones en el llamado “Caso Catedral”. Delgado también se ha caracterizado por criminalizar y perseguir penalmente a opositores y críticos de Bukele.
Por tanto, igual que los magistrados de la Sala Constitucional, el fiscal Melara no fue destituido para “salvar a El Salvador”, sino para librar a Nayib Bukele y a sus cómplices de posibles acusaciones penales por negociar con las maras o por cometer irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Volviendo a la idea inicial, las actuaciones de Bukele y compañía sugieren que sus intereses son la concentración del poder, la consolidación autoritaria, el enriquecimiento personal y familiar. Mientras que los intereses del país son la democracia, la transparencia, la inclusión, la equidad, la sostenibilidad ambiental, la justicia social y -para esto- la desconcentración de la riqueza y el abordaje estructural de los problemas nacionales.
*Periodista y activista social.
