Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga 48 del régimen de excepción; con esta, El Salvador cumplirá, el próximo 27 de marzo, 4 años de régimen de excepción. El Gobierno asegura que aún quedan remanentes de pandillas.
La nueva prórroga del régimen de excepción estará vigente desde el 2 al 31 de marzo de 2026; por ende, el 27 de marzo El Salvador cumplirá exactamente 4 años de haberlo impuesto luego de un repunte de homicidios; aunque se conoció, periodísticamente, que la matanza de los 82 salvadoreños asesinados en un solo fin de semana ocurrió luego de una ruptura en los pactos entre el Gobierno y las pandillas.
Con 57 votos a favor y uno en contra (Claudia Ortiz), la Asamblea Legislativa aprobó por 30 días más la suspensión de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2° y 24 de la Constitución de la República y que se refieren, en su orden, al Derecho de Defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
En el decreto se señaló que se han identificado y capturado sujetos con intención de “reorganización de las pandillas”, quienes replican sus modos delictivos y a quienes se les ha decomisado armas de fuego, drogas y otro tipo de objetos vinculados al tráfico ilícito.
El Gobierno indicó la necesidad del régimen ya que se han detectado miembros remanentes de estas estructuras terroristas, quienes intentan aparentar su desvinculación a las mismas; sin embargo, “el trabajo calificado de seguridad pública, realizado en el territorio y en el ámbito digital, por medio del uso de nuevas tecnologías implementadas por la Policía Nacional Civil en acompañamiento de la Fuerza Armada, han permitido la detección e intervención oportuna de las acciones de ocultamiento y de evasión”.
Las autoridades informaron que se ha descubierto que en viviendas se realizan procedimientos para la eliminación de marcas o distintivos corporales alusivos a pandillas. “Estas acciones han favorecido la desintegración de redes criminales y la disminución progresiva de sus actividades, reafirmando la necesidad de mantener esfuerzos institucionales coordinados para garantizar la paz, el orden y la seguridad”.
A la fecha, se contabiliza la captura de más de 91,300 “personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen”, incluyendo “sus principales líderes y una diversidad de sus miembros”, señala el decreto.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado bastas violaciones a DD. HH. de personas que nada tienen que ver con pandillas; inclusive, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reconoció recientemente que al menos 8 mil personas ya han sido liberadas tras probar que no tenían vínculos con pandillas.
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