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Barcelona/España/AFP
Alrededor de 3.000 efectivos de policía y seguridad privada velarán por la seguridad del Clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid, objetivo de protestas separatistas catalanas, informaron las autoridades locales garantizando la disputa del encuentro.
La convocatoria de estas concentraciones en los alrededores del estadio azulgrana provocó incertidumbre sobre la celebración del Clásico que ya había sido aplazado por las movilizaciones surgidas en octubre en Cataluña.
El dispositivo “cuenta con un total de mil efectivos de Mossos d’Esquadra (la policía regional catalana) y, sumando seguridad pública y privada, será de alrededor de 3.000 personas”, informó el comisario jefe del cuerpo, Eugeni Sallent.
El despliegue es el habitual para este tipo de encuentros considerados de “alto riesgo” pero, ante las protestas convocadas, se reforzará con “cientos” de efectivos tanto dentro como fuera del estadio.
Según el jefe policial, los agentes protegerán desde la mañana del miércoles los alrededores del estadio para que los equipos, los árbitros y la afición puedan entrar sin problemas.
También reforzarán los controles y registros de los aficionados y realizarán un cordón para evitar el avance de la manifestación hasta las puertas del estadio.
Pero la atención no será únicamente en el exterior, también en el interior dado que la organización convocante, Tsunami Democrático, advierte que quiere lanzar su mensaje desde las gradas y el césped del Camp Nou.
En el pasado, Tsunami Democrático bloqueó parcialmente el aeropuerto de Barcelona o cortó durante dos días la principal autopista que une España con Francia.
Esta acción implicaría fuertes multas para los participantes pero también para el club, responsable de la seguridad dentro del estadio, expuesto a sanciones económicas o la clausura del campo.
El Clásico corresponde a la 10ª jornada de Liga, pero se aplazó por las protestas surgidas en Cataluña a mediados de octubre cuando nueve dirigentes separatistas fueron condenados a altas penas de cárcel por el intento de secesión de 2017.
