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Bogotá/Prensa Latina
Un informe sobre el asesinato de 11 jóvenes colombianos durante un operativo policial ocurrido en 2020 reveló hoy que los uniformados actuaron de forma desproporcionada e ilegal.
La investigación apoyada por Naciones Unidas agregó que la reacción de la policía estuvo apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha.
El informe confirma que el 9 y 10 de septiembre de 2020 hubo una «masacre, cuya responsabilidad recae en la Policía y cobró las vidas de 11 jóvenes» en dichas localidades.
De acuerdo con Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación, la matanza ocurrió debido a la «ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes.»
Este lunes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados «por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera.»
El informe concluye que «a 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes».
Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el del abogado Javier Ordóñez y consideraron dicha masacre como «uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad».
Asimismo, el informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes y señala siete prácticas violentas en el contexto de las movilizaciones tales como uso ilícito de la fuerza.
Además, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
El objetivo del informe «no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario, el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad», aseguró Juliette de Riveros, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Recalcó que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciendo ajustes doctrinales necesarios a la Policía.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, señaló tras conocer este informe que «aún le deben a Colombia claridad sobre la masacre durante el paro nacional este año», donde murieron al menos 80 personas.
