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Redacción Nacionales
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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó los resultados de la investigación “Acceso a la Información Pública: derecho indispensable para fortalecer el proceso democrático”, la cual reveló que El Salvador experimentó avances importantes en transparencia y acceso a la información pública, sin embargo, en los últimos dos años se han dado retrocesos, y ahora hay un espiral en el cual la norma parece ser volver a poner cerrojo a la información.
El Salvador aún está en construcción de una cultura de transparencia y actualmente vuelve a verse amenazado por la negativa de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y las reiteradas muestras por parte del Órgano Ejecutivo a transparentar su gestión y la de todo su gabinete.
Sin embargo, activar el derecho de acceder a información pública como forma de control al Estado debe llevar al mismo tiempo, al compromiso de mantener una contraloría ciudadana permanente que satisfaga el derecho a conocer y entender el porqué de las decisiones de quienes manejan las finanzas públicas.
Como parte de la investigación se consultó a ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien respondió de manera tajante que en general se denota poco interés y hasta un desprecio a la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios. Destacó que el Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP) se fortalecerá cuando se escalen los litigios estratégicos a nivel nacional e internacional, y se conecte con los intereses y necesidades más inmediatas de la población, o con sectores de ella.
Asimismo, existe un irrespeto a las leyes por parte de funcionarios del actual gobierno, observado desde su llegada al poder, incluye por supuesto a la LAIP, situación que viene a poner freno a los avances que en esta materia se habían empezado a tener y los cuales habían generado mucha expectativa, sobre todo, por la posibilidad de acceder a información que permitiera ejercer contraloría social. Algunos periodistas que han hecho uso frecuente de la LAIP consideran que la normativa representó una herramienta valiosa para el combate a la corrupción, ahora todo parece indicar que la reserva de información será la norma; situación que podría ser revertida, si la sociedad civil organizada continúe exigiendo el cumplimiento de la Ley por parte de los servidores públicos.
Las diferentes peticiones de información hechas en el período de emergencia derivada de la pandemia del COVID-19, por parte de periodistas y organizaciones de sociedad civil, dan cuenta que la información relacionada a temáticas sobre compras desde las carteras de Salud, Agricultura y Turismo, entre otras, fueron declaradas con carácter de reserva.
En momentos de crisis sanitaria cuando la población demandaba conocer datos de lo ocurrido y cómo el gobierno le estaba haciendo frente, la información prácticamente fue puesta en “cuarentena” al igual que el resto de la población, con la diferencia de que esta última ya ha salido públicamente, pero la información sigue estando resguardada.
En cuanto a la LAIP por parte de los servidores públicos ha habido un avance en la formalidad, hasta la alcaldía más pequeña tiene un oficial de información, pero en lo que respecta a temas de dinero y administración económica hay una tendencia muy fuerte a silenciar.
El estudio determinó que de 27 instituciones de las cuales se analizó la actualización de la información en sus sitios web, 15 tuvieron un porcentaje arriba del 55.5%, mientras que, las12 restantes valores abajo del 44.4%. Los datos evidencian que la Defensoría del Consumidor es la institución con mayor porcentaje de actualización con un 96% y el INJUVE es el ente con el menor cumplimiento, un 4%.
El 44.4% de instituciones tienen su portal desfasado, esto supone una barrera para que los ciudadanos puedan hacer uso efectivo de su derecho de acceder a información sobre la gestión pública. Sobre el marco presupuestario la mayoría de los portales de transparencia cuenta con sus presupuestos actualizados, sin embargo, en relación a información específica como los recursos públicos asignados a entes privados, el 60% no cuenta con la actualización requerida por la normativa.
Otra de las categorías que no está siendo actualizada es el inventario de bienes muebles y sobre los viajes que hacen funcionarios y empleados. Según los lineamientos se debe de
publicar el nombre de quien viajó, la duración, el objetivo, valor, fuente de financiamiento, entre otros. El 56% no tiene actualizada esta información.
Asimismo, se analizó la información reservada incluida en los índices de información publicados en los portales de transparencia de 25 instituciones, entre ministerios, autónomas y ministerio público. En total se analizaron 308 casos de información que fue clasificada como reservada entre enero de 2019 a marzo de 2021.
Las instituciones con más reservas fueron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el 29%, seguida por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el 14%; en tercer lugar, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con el 9% y en cuarto lugar la Presidencia de la República con 8%.
En el caso de la PDDH se clasificó información relacionada a casos judiciales que tramita, pero CEL y CEPA era información relacionada a contratos y adjudicaciones.
En el periodo analizado se observaron cinco meses en los que se dieron más declaraciones de reserva, el primero durante marzo de 2019, mayo de 2019, julio 2019; enero de 2020 y el mes en que más declaraciones de reserva se hizo fue octubre de 2020.
