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domingo , 22 octubre 2017
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Resolución de audiencia en contra  de Maza se conocerá la próxima semana

Resolución de audiencia en contra de Maza se conocerá la próxima semana

@BeatrizCoLatino

El próximo 9 de abril, thumb el Juzgado  Primero de Paz de San Salvador dará a conocer la resolución contra el exministro de Salud, sale Guillermo Maza, there quien es acusado del delito de negociaciones ilícitas.

Marta Rosales, jueza del Primero de Paz, luego de escuchar durante dos días la presentación oral de la representación fiscal y la de los abogados, decidió analizar las pruebas y dar a conocer su fallo el próximo miércoles.

Junto al exministro también son procesadas otras 17 personas a quienes se les acusa de los delitos de negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y estafa por la construcción de los hospitales de San Vicente y Usulután.

La Fiscalía General ha solicitado que se decrete instrucción formal con detención provisional para todos los imputados, con excepción de Herbert Leonel Perdomo Ulloa, quien era el encargado de finanzas y gerente general de la Sociedad CPK Consultores S.A. de C.V.

El fiscal del caso, José Pablo Velazco García, explicó que el exministro está involucrado en la negociación ilícita del pago de más de un millón de dólares en “sobrecosto de equipo que no se instaló y jamás se llevo al sitio de la obra”.

La Fiscalía sostiene que en total son más de 5 millones de dólares los que se defraudaron al Estado salvadoreño, cuando se gestó el proyectos de Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).

La Fiscalía está pidiendo embargo en propiedades de los imputados, anotaciones preventivas.

En el 2010, se recibieron las denuncias de las irregularidades en la ejecución del proyecto, tras el hallazgo en documentos de la suscripción entre El Salvador y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con fecha 3 de junio de 2003 para el convenio de un préstamo.

De acuerdo al documento, con los fondos financiados por el BIRF y fondos propios se desarrollaría la construcción y reconstrucción de siete Hospitales Nacionales, entre los cuales se consignó la ejecución de San Pedro de Usulután.

La Fiscalía sostiene que fue el exministro quien autorizó el pago de $9 mil 558 737 a la empresa C.P.K, luego que la empresa CHC-Norcontrol lo avalara al decir que se había avanzado en los trabajos en más del 78%.

Según la información en poder del ministerio público, solo se había avanzado en un 50% la obra.

En total, se procesa a 17 personas por los diferentes delitos, incluido a dos personas prófugas.

Asimismo, se informó que el Juzgado Quinto de Instrucción finalizó ayer la audiencia preliminar contra los expresidentes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Miguel Tomás López Iraheta, acusado de peculado en calidad de autor directo; José Armando Zepeda Valle y Magdaleno Antonio Guzmán,  como  coautores por el mismo  delito y cinco personas más acusadas  de cómplice  necesarios por el delito de peculado y malversación.

La Fiscalía sostiene que los delitos se cometieron en perjuicio  de la administración pública  y en la modalidad  de delito continuado.

La jueza Alba Gladis Salamanca escuchó  los alegatos durante tres días, al final la representación fiscal decidió no hacer valer su derecho de replica por lo que finalizó ayer antes del mediodía.

Según el dictamen fiscal,  los acusados cometieron los delitos cuando supuestamente  ejecutaron el convenio bilateral denominado “Seguridad Ciudadana en el Sector Agropecuario”, entre el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y el ISTA en el año 2002, por el cual dicho ministerio transfirió 2 millones de dólares setecientos veintidós mil seiscientos ochenta y siete ($ 2, 722,787).

El  proyecto  tenía como principal objetivo disminuir el desempleo rural, dándole cobertura a unos 40 mil beneficiarios, entre estos expatrulleros, los cuales  se incorporarían  a  programas  de solidaridad rural, cooperativas, beneficiarios individuales, programa de transferencia de tierras, escrituración de propiedades, pago de tierras para cancelar deudas bancarias, entre otros. Para este fin, contratarían promotores y  coordinadores rurales para identificar problemas  y necesidades de la población objeto.

No obstante,  entre los años   2002 a 2009 que duró el proyecto, los  expresidentes del ISTA  supuestamente utilizaron los fondos para pagar los sueldos de personas ajenas al convenio, se les acusa de contratar  personal de forma arbitraria que no llenaban los requisitos requeridos por el convenio; asimismo, utilizaron parte de los fondos  para el pago de salarios  de personal ajeno al proyecto.

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